Desde Salta

El lunes pasado llegaron a Orán con los expedientes Castedo-Aparicio recién leídos. Y durante la semana, después de tomar el pulso de la zona, se dio la noticia oficial desde la propia Procuración General de la Nación: la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos de Drogas y Crimen Organizado, Ufidro, asistirá a las fiscalías federales que trabajan en causas sobre la frontera norte. El fiscal federal José Luis Bruno ya se había quejado amargamente por su soledad salteña. Con una avalancha de pequeños casos de tráfico hormiga y con algunas investigaciones como la del clan que es buscado por mandar a matar a Liliana Ledesma en el despacho y apenas una secretaria y dos escribientes como todo personal, el hombre sintió esta semana cierto alivio por el anuncio. Espera contar con la participación de Santiago Marquevich (hijo del ex juez Roberto Marquevich), el segundo de la oficina que depende al mismo tiempo del procurador Esteban Righi como del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que es quien puso los recursos para crearla. En el expediente que trabajan, al que tuvo acceso exclusivo Página/12, deberán seguir una pista que vincula a los hermanos Castedo y al ex diputado Ernesto Aparicio con el narcotráfico internacional: los investigadores hablan de 9 millones de dólares de flujo entre Salta, Brasil y Europa.

El hombre al frente de la Ufidro no es Marquevich Junior, sino un fiscal federal al que sedujeron tardíamente para el puesto: Alberto Gentili. Sucede que la Ufidro, oficina creada mediante un acuerdo entre Righi y Fernández a comienzos del 2005, tuvo como primera jefa a una mujer que parecía gozar de la confianza de progres y duros en el gobierno, Mónica Cuñarro. Fiscal de Instrucción de la Capital, su designación no había sido bien vista por muchos en Comodoro Py, sede del fuero federal porteño. Fuentes del Ministerio del Interior llegaron a hablar de una personalidad fuerte y conflictiva. Lo cierto es que su alejamiento fue súbito, aunque ya noticia vieja: dejó su puesto hace casi tres meses. Con ella se fue un informe que nadie quiere revelar, un supuesto diagnóstico profundo de la situación del narcotráfico en la Argentina en el que debería haber un apartado para Salta y Jujuy. Las explicaciones para un cambio abrupto en un puesto clave nunca llegaron. Ni de la renunciada ni de su reemplazante, Alberto Gentili, mucho menos de Righi. Gentili por cierto tendrá harto trabajo, porque junto a la Ufidro lo designaron, aun sin concurso, en la nueva Fiscalía Federal de San Isidro. Lo cierto es que la flamante oficina con sede en un edificio de la calle 25 de Mayo, que en su puerta tiene un escudito del Ministerio del Interior, no había mostrado mayores movimientos a lo largo de su corta existencia. La trascendencia que el gobierno le da al caso de Salta ha producido sus primeras movidas de fichas. Gentili es un hombre observado.

Entre las pistas que figuran en el expediente federal que se investiga en Orán están los nombres de un grupo de hombres y mujeres que administran una planta procesadora de carbón vegetal en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Allí aparece un nombre que sería clave para reconstruir la red que se supone terminaría en Brasil, España e Italia: Marco de Marco, con pasaporte italiano y relacionado con la familia Cura, también en la lista de personajes perseguidos por la DEA. Lo cierto es que en esa causa debería haber mayor inversión de recursos, según los que la investigan, ya que sería inocente pensar que un equipo de cuatro personas puede dar con una organización que es capaz de mover 9 millones.