En Nicaragua, la Asamblea Nacional ratificó días atrás la decisión tomada en octubre de 2006 de penalizar el aborto terapéutico, al eliminar del Código Penal el artículo que permitía la interrupción voluntaria de un embarazo para casos en que corriera riesgo la vida de la mujer. “La penalización del aborto condena a muchas mujeres a practicarse abortos inseguros, realizados en condiciones de riesgo, lo que constituye un grave problema de salud pública y violación de derechos humanos de las mujeres, por tanto el tratamiento jurídico no puede ser su penalización”, denunció esta semana a través de un comunicado de prensa el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), y expresó su “total rechazo” e “indignación” a las autoridades legislativas por la resolución tomada, “mostrando su falta de compromiso por los derechos humanos y su absoluta sumisión a los mandatos de la jerarquía de la Iglesia Católica”.

El Cladem hizo un llamado al movimiento de mujeres latinoamericano a organizaciones de derechos humanos, redes y entidades de la sociedad civil, a fin de exigir al Estado nicaragüense que dé marcha atrás con la penalización del aborto terapéutico.

“Con esta decisión, el Estado de Nicaragua queda ubicado a la par de cuatro países del mundo que pese a la voluntad de la comunidad internacional mantienen en sus normas nacionales ideas del siglo XVI, que se niegan enfáticamente al progreso en materia de derechos humanos de las mujeres”, enfatizó Cladem. Y agregó: “Innumerables experiencias en el mundo evidencian que la persecución penal del aborto no es una medida que soluciona ni previene el problema. Por el contrario, el alto porcentaje de mortalidad materna atribuible al aborto inseguro es un elemento que debe conducir a una profunda reflexión de los y las legisladoras, respecto a la necesaria e impostergable solución de los problemas y necesidades sociales, todo ello en el marco del respeto a los derechos humanos”. El Gobierno, agregó Cladem, debe “reconocer el Estado laico establecido en su Constitución Política y no permitir que la voluntad de las jerarquías religiosas predominen por encima de los derechos de la mitad de la población, las mujeres”.