Tres meses antes de ser secuestrados, torturados y acribillados a balazos, los nombres de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron un listado de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL” (mayúsculas del original) para la masacre que se avecinaba: el diario naval La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Como miembros del Sindicato de Artes Gráficas ambos habían organizado a los trabajadores de la empresa, que no dudó en equipararlos con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero”. El informe “estrictamente secreto y confidencial”, fechado dos días antes del golpe de Estado, fue elaborado por la sección informaciones de la Prefectura Naval, fuerza subordinada a la Armada, y certifica la importancia que los servicios asignaban al monopolio de medios bahiense. A fines de 1976 el jefe de Prefectura, prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica”. Consultado por Página/12, el jefe de informaciones durante 1976, prefecto (R) Francisco Manuel Martínez Loydi, dijo no recordar el informe, tradujo “raleado” como “movido o sacado” y se permitió dudar: “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. La Justicia de Bahía Blanca ya determinó que son crímenes imprescriptibles pero no investiga a sus autores materiales ni intelectuales.

Enrique Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Miguel Angel Loyola, esterotipista y tesorero. A partir de 1971 se dedicaron a reafiliar compañeros expulsados del gremio. A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario. El primer día de 1974 lograron el acatamiento masivo a un paro contestado con cuarenta despidos compulsivos y sin indemnización, medida que anuló el Ministerio de Trabajo. A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del diario, radio y canal de TV resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, el asistente de dirección Federico Massot remarcó en una nota al delegado de Trabajo los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa –no a la Nación– un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió respetar el convenio.

El día que La Nueva Provincia reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un Estado en descomposición” (LNP, 1-9-75). Condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.

“Un medio fundamental”

El informe de Prefectura se titula “Estudio realizado sobre el diario ‘La Nueva Provincia’ de esta ciudad (guerrilla sindical)”, afirma haber sido elaborado en base a información “propia y de Policía Federal”, y es calificado con el máximo valor posible, A-1. Excepto por dos oraciones, es idéntico a un borrador del 6 de diciembre de 1975. Y tuvo un único destinatario: el Servicio de Inteligencia de Prefectura, entonces a cargo del prefecto mayor Néstor Arnaldo Occhiuzzi. Sin embargo, no fueron los prefectos los únicos servicios preocupados por cuidar los intereses de los Massot. Ese mismo año el delegado de la SIDE local, general (R) Carlos Alberto Golletti Wilkinson, había solicitado al resto de la autodenominada comunidad de inteligencia “antecedentes de toda índole” de Heinrich.

Como causas de la organización obrera que denomina “avance de este método subversivo”, Prefectura destaca la “prédica tradicionalista y católica” del diario “que lo convirtió en acérrimo enemigo del marxismo, tercermundismo y peronismo”, y “la infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal”.

Según el borrador, el proceso se inició con la asunción de Héctor J. Cámpora y “fue apuntado, sin equivocación alguna, por uno de los jefes de seguridad de la empresa a sus directivos”, frase suprimida en la versión definitiva. “El comisario Héctor José Ramos –arranca el mismo párrafo, ahora sin vincularlo a la empresa– definió en reiteradas oportunidades como Peronismo de Base al grupo encargado de sabotear La Nueva Provincia”. Murió “antes de concluir su labor de esclarecimiento” (Ramos, segundo jefe de la delegación local del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Sipba, fue asesinado por Montoneros el 20 de marzo de 1975, sindicado como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”). El informe minimiza la importancia de detallar el supuesto sabotaje porque la empresa ya lo documentó “a los comandos militares y navales de la zona”. Sólo se propone consignar datos sobre el “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSION FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”.

La lista comienza con Heinrich y Loyola e incluye los domicilios de donde fueron secuestrados. Los acusan de amedrentar al “personal antihuelguista”, difundir panfletos con los nombres del “personal leal” y presionar a canillitas. Agregan que custodios de los Massot llegaron a “encañonar con armas largas” a los ocupantes de un Falcon que pretendían impedir la salida de un vehículo con diarios hacia Punta Alta. Siguen con el Sindicato de Prensa, a cuyo secretario general Néstor Larrondo consideran “el cerebro intelectual”, y concluyen con “los manejados”, que “no dejan de ser culpables e indeseables”.

“La mano viene dura”

A mediados de junio de 1976, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y el armador Jorge Manuel Molina, vocal del sindicato, fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre”, cuenta Molina. “Dijo ‘muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”. Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, les inyectaron somníferos para adormecerlos.

Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.

Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas. El domingo 4 de julio una familia que mateaba en el paraje “La cueva de los leones”, a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Un llamado alertó al Vasco Larrondo: “Ya hicimos cagar a dos rojos, el próximo sos vos”. Logró viajar a Tandil con la ayuda de Rafael Emilio Santiago, reconocido periodista que aún trabaja en la empresa.

El lunes, mientras la noticia les quemaba las manos, La Nueva Provincia publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola. Recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, un redactor leal antihuelguista la sintetizó en veinte líneas. “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”, apuntó. En 31 años La Nueva Provincia no volvió a tocar el tema. Un día después de recibir el sumario policial, el juez Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó. “Nos encontramos envueltos en una guerra apátrida”, arengó dos meses después ante los marineros que terminaban el servicio militar el subprefecto Juan Bautista Ghiorzi (LNP, 16-9-76). Ese mismo año, cuando dejó Bahía Blanca, el jefe de la fuerza prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli y su ayudante Ghiorzi se despidieron en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot (LNP, 11-12-76). En su carta de despedida Cornelli reafirmó su “decisión irrevocable de defender todo aquello que haga a la soberanía nacional, combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia ideológica” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”.