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“Ahora esperemos que el Frente para la Victoria no la acueste en el Senado”, pensó el diputado Miguel Bonasso cuando su proyecto de Ley de Bosques se aprobó en la Cámara baja, tras una ardua sesión de seis horas de debate. “Me quedé corto, no sólo la acostó: la durmió”, dijo ayer, después de siete meses de espera infructuosa para que la iniciativa fuera discutida por los senadores, en una entrevista con Página/12,

–¿Por qué se demora el tratamiento en el Senado?

–Principalmente por el lobby de los representantes de las provincias del norte, en especial de Salta y Misiones. Ya pasó en la Cámara baja, cuando los diputados elegidos en esas provincias actuaban como defensores directos de los gobiernos locales, pese a que nosotros, los diputados, somos nacionales, no importa dónde nos hayan elegido. Imaginen cómo es ahora en el Senado, donde cada legislador sí es representante formal de su distrito.

–¿Es sólo una cuestión de negocios?

–Y, los gobernadores de esas provincias les autorizan el desmonte a grandes empresas, porque ni siquiera es que son licencias para el trabajo de campesinos o pequeños productores.

–Desde los gobiernos provinciales plantean que las licencias que se otorgan son por pedido de los dueños privados de las tierras, a los que no les pueden bloquear la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida...

–Eso es una falacia. La norma lo único que genera es un control desde el Estado sobre las zonas que se entregan para desmonte, que hoy son taladas de manera indiscriminada. El objetivo es ejercer un poder lógico estatal. Si fuera como plantean, tampoco se podría obligar a las empresas que contaminan el Riachuelo a que dejen de hacerlo, porque ellas también son dueñas de los terrenos en los que funcionan. Además uno de los que más utiliza ese argumento es el gobernador de Salta, (Juan Carlos) Romero, quien hace unos meses tomó 25 mil hectáreas pertenecientes a reservas provinciales para lotearlas, y luego se las entregó a 4 grandes empresas. Queda claro que no tiene nada que ver que las tierras sean o no privadas.

–¿Hubo una aceleración en la entrega de permisos para desmonte desde que se empezó a hablar del proyecto que usted presentó?

–Sí. Desde noviembre del año pasado, cuando en Diputados se aprobó el proyecto en general de la ley, Romero autorizó desmontes en 155 mil hectáreas, más de la mitad de lo que se desmonta por año en todo el país. Cuando se dio cuenta de que se venía una transformación en el tema, aceleró el proceso de destrucción.

–¿Qué va a pasar si no se sanciona la ley?

–Los que se sienten afectados por esta situación, que son principalmente los campesinos que viven desde hace años y años en armonía con la naturaleza, van a seguir protestando para que se sancione de una vez la norma. No se van a olvidar, como se pretende con estas dilaciones. Y ahora esperamos que la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, se presente en el Senado para volver a explicar allí la importancia de esta ley, y de esa forma ayude a la agilización del trámite.

Informe: E. M. R.