Así lo confirmaron esta mañana fuentes tribunalicias quienes señalaron que la medida la tomó la Sala II de la Cámara Federal que declaró "inadmisible" un recurso de casación interpuesto por el abogado Marcelo Rochetti, defensor de Giacomino y actual responsable de la seguridad en la legislatura metropolitana.

En una resolución de sólo una carilla y media los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani entendieron que no correspondía conceder ese recurso habida cuenta que el rechazo a la recusación de los magistrados "no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal".

La defensa de Giacomino había recusado a los camaristas por entender que "existió prejuzgamiento cuando se revocó la falta de mérito y se procesó al imputado", pero ese planteo fue desestimado "in límine" (sin sustanciación), lo que generó la interposición del recurso ahora rechazado.

El 28 de noviembre último se revocó la "falta de mérito" con la que Giacomino había sido beneficiado en primera instancia y dispuso su procesamiento por presunto fraude al Estado, tras considerar que "todas las contrataciones irregulares" que se detectaron en la investigación penal "tienen la particularidad de que sus beneficiarios eran parientes o allegados" a Giacomino.

Por el mismo supuesto delito, la Sala II del tribunal confirmó los procesamientos de los ex jefes de la Superintendencia de Bienestar de la institución, Raúl Marcelo Pigretti, Alfredo Ursaia y Daniel Adolfo Rodríguez.

Como "partícipes necesarios" de la administración fraudulenta en perjuicio de la Policía Federal, se confirmaron los procesamientos de Vicente Capizzi (concuñado de Giacomino), Ana María Capizzi, Marcelo Capizzi (familiares del primero), Américo Di Blasio y Diego Armador, conocidos de los anteriores.

La causa se inició en octubre de 2003, cuando el entonces ministro de justicia, Gustavo Béliz decidió relevar de sus funciones a Giacomino y al comisario general Pigretti, al frente de la Superintendencia de Bienestar.

Según constancias judiciales se habían detectado anomalías en la contratación de sistemas y equipos informáticos, mobiliario y mano de obra con empresas de Vicente Capizzi o de su entorno familiar y amigos; y otros convenios sobre equipamiento médico y tecnológico para el Hospital Churruca por unos 3.000.000 de pesos.

"En todos los casos se ha comprobado una serie de hechos que permiten sostener fundadamente que los diferentes contratos fueron realizados en procura de un provecho económico de las empresas beneficiadas y en perjuicio de los intereses de la Policía Federal Argentina", expresó en aquella oportunidad la Sala II.

En esa línea añadieron que "a la sugestiva integración de las empresas beneficiadas se aunaron las conclusiones de peritajes, donde se objetó la circunstancia de que no se haya invitado a los principales proveedores de sistemas para hospitales y clínicas", agregó el tribunal.

Entre las irregularidades -registradas en casi un centenar de hechos- se mencionó la opción por las alternativas "más caras y perjudiciales", la "evidente inconveniencia de alquilar" servicios, el presunto pago de "significativos" sobreprecios y "una recurrente ausencia de documentación respaldatoria".