Viernes, 2 de mayo de 2008 | Hoy
20:09 › BOLIVIA
El líder de la oposición cívica de Santa Cruz al gobierno de Bolivia, Branko Marinkovic, afirmó hoy que el 5 de mayo nace una "Segunda República Boliviana" basada en la autonomía, no un Estado separado, y que "el voto popular nunca puede ser ilegal". De este modo buscó deslegitimar las acusaciones del gobierno de "separatismo" y de que el referendo autonómico del próximo domingo es "ilegal" e "inconstitucional".
El titular del Comité Cívico pro Santa Cruz, fue aún más allá y desafió al presidente Evo Morales a que "si el gobierno tiene confianza en la Constitución del (gobernante, Movimiento al Socialismo) MAS, que la someta al voto popular" en otro referendo.
"Ojalá el gobierno acepte el diálogo que permanentemente propusimos, reconociendo el voto popular, que siempre es legal", afirmó, descontando el triunfo del "Sí" en el referendo autonómico y la mejor posición de fuerza que logrará Santa Cruz y "la media luna" (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) para negociar con La Paz.
La propaganda preelectoral por el "Sí" en la ciudad de Santa Cruz alude directamente a la autonomía y no al estatuto autonómico, una suerte de constitución departamental (provincial) que fija las facultades del gobierno local, y las encuestas confirman el desconocimiento de ese texto.
Sin embargo, Marinkovic, uno de los tres más grandes exportadores de aceite comestible de Bolivia y propietario de miles de hectáreas de tierra, asegura que hicieron "una fuerte campaña" para difundir el estatuto, pero a continuación retrucó, "¿Quién conoce la Constitución Política del Estado, más allá de los abogados?".
En esa materia, consultado sobre las facultades exclusivas que el estatuto fija para que las provincias controlen sus tierras cultivables, enfatizó que "quién mejor que la Prefectura (Gobernación) o el municipio conocen cómo se está cumpliendo la función económica y social de un predio". Marinkovic aludió así a que la gobernación debe manejar la definición de "productivo" o "improductivo" de un latifundio que, en el segundo caso, lo hace pasible de expropiación por el Estado para ser redistribuido entre campesinos o indígenas, según la ley las tierras.
Tras decir que igual al Estado le quedan "muchísimas facultades", sobre las tierras, sólo mencionó que la nación es titular de "todos los recursos naturales", pero reiteró que "las decisiones intensas que tienen que haber, únicamente las toma la Prefectura o el municipio" para "despolitizar", además, este tema.
Por otra parte, el presidente del Comité Cívico, aseguró que "no nos oponemos a las autonomías municipales e indígenas", como propone el gobierno en la nueva Constitución, "pero sí a que las maneje el Estado (nacional) porque entonces volveríamos al centralismo y sólo tendríamos el título de autónomos". El líder cívico cruceño insistió en que "seguimos todos los pasos legales para convocar a este referendo", pero sólo mencionó el plebiscito nacional sobre las autonomías, que se votó el 2 de julio de 2006 junto a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente de Bolivia.
Ese plebiscito, en el que triunfó el "No" impulsado por el MAS a nivel nacional y el "Sí" en los departamentos de la media luna, definió un suerte de empate de fuerzas: la oposición siempre quiso que las autonomías no dependiesen de la nueva Constitución del país y con ese triunfo en el oriente boliviano lo logró en parte. Pero las facultades de esas autonomías debían ser fijadas por la Constituyente donde el MAS y sus aliados obtuvieron una amplia mayoría.
"Nosotros no vamos a negociar la Constitución del MAS", dijo Marinkovic, con respecto a las negociaciones que seguramente se abrirán después del domingo próximo. "Para que sea la Constitución de todos los bolivianos, primero tienen que someterla al voto popular", agregó.
A su juicio, "nuestros estatutos no los hicimos como la Constitución del gobierno, en cuarteles militares, con muchos muertos y cientos de heridos, sino en paz". Aludió así a los enfrentamientos impulsados por la oposición que a fines del año pasado obligaron a sesionar a la Constituyente en un recinto militar de Sucre y por último a trasladar su sede a Oruro.
Por su parte, el oficialismo le recrimina a los opositores cruceños que no eligieron democráticamente representantes para elaborar el estatuto autonómico, el que, a juicio del gobierno, fue redactado "entre cuatro paredes".
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