Los jueces de la Sala II del tribunal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, dejaron firme la medida dictada por la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, que incluyó embargos sobre los bienes de los dos ciudadanos.

Los camaristas rebatieron los argumentos de las dos personas respecto a que nunca recibieron las citaciones para ser autoridades de los comicios en dos escuelas porteñas, ya que los telegramas fueron enviados a los domicilios que figuran en sus documentos de identidad y recibidos por sus familiares.

También destacaron que las citaciones fueron dirigidas a las mismas direcciones donde posteriormente se cursaron las cédulas de notificación de las imputaciones que la justicia penal les inició por el mismo hecho.

Por otra parte, los jueces advirtieron que los dos ciudadanos fueron a votar ese día, por lo que consideraron que no tenían ningún impedimento para llevar a cabo las funciones de autoridades de mesa, indicaron las fuentes.