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Las resoluciones, difundidas hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), las suscribieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun quienes, de esa manera homologaron la decisión tomada en primera instancia por el juez federal Sergio Torres quien había denegado la excarcelación de Cavallo.

En sendos fallos de una treintena de carillas, los magistrados adoptaron idéntica actitud en la "megacausa" en que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y por la apropiación de bienes de los ilegales prisioneros.

Los camaristas afirmaron que, en caso de concedérsele la libertad, el represor podría "entorpecer la acción de la justicia" y afirmaron que existe la "posibilidad que el imputado coarte a los testigos, o los induzca a falsear su declaración, o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial".

"Así, después de tantos obstáculos para avanzar en las investigaciones y la actual etapa de elevación al juicio, no puede soslayarse ante las características de los eventos, la presión que su libertad puede ejercer hacia quienes, habiendo sobrevivido, hayan declarado o deban declarar en su contra", sostuvieron los magistrados.

En ese sentido explicaron que la posibilidad que Cavallo tome medidas en contra de los testigos "es un riesgo" que "no resulta infundado a la luz de lo acaecido -ya en democracia- con un testigo sobreviviente en un proceso llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal de La Plata, y que es de público conocimiento", en referencia a la desaparición de Jorge Julio López.

El 7 de julio de 2008 el juez Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, dictó el quinto procesamiento del represor (con un embargo de 431 millones de pesos) por el secuestro y aplicación de tormentos a 292 prisioneros, siete de los cuales fallecieron; que se hallaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

Esa medida se tomó en el expediente "principal" de la causa reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, donde el juez analizó cada uno de los casos puntuales entre los que se halla el de Elena Holmberg, secuestrada el 20 de diciembre de 1978 y cuyo cadáver fue hallado en el Delta del Río de la Plata.

"Encuentro reunidos los extremos necesarios como para tener por acreditada la materialidad" de los hechos analizados "como así también la responsabilidad que en relación a ellos le cupo" a Cavallo, escribió Torres en uno de los párrafos de aquella extensa resolución que supera las 250 carillas y a la que Télam tuvo acceso.

El magistrado sostuvo que "quedó debidamente acreditado que los comandantes en Jefe de la Armada Emilio Massera y Armando Lambruschini ordenaron un modo de combatir al terrorismo, consistente en aprehender a sospechosos" y "mantenerlos clandestinamente en cautiverio y someterlos a tormentos".

Esa práctica tenía como propósito "obtener información", explicó Torres quien señaló que posteriormente el destino de los cautivos podía ser la puesta a disposición de la Justicia, del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), "o bien eliminarlos físicamente".

Para oponerse a la libertad de Cavallo -quien actuaba bajo el mote de "Sérpico" en el centro clandestino de la ESMA - el magistrado recordó que los hechos que se le imputan al represor son considerados crímenes de "lesa humanidad" y, por ende, imprescriptibles.