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Mariotto cuestionó la decisión de la Justicia mendocina, porque "inmoviliza y le pone un yeso" a la norma, y consideró que hay "grupos concentrados que no quieren una ley de la democracia y que vuelva la de la dictadura".

Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó una medida de la jueza Olga Pura de Arrabal, al considerar que "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de sanción de la ley, tal como había planteado el diputado nacional por el peronismo disidente, Enrique Thomas, en su presentación judicial.

"Estoy conmovido, pero firme y trabajando para apelar el fallo ante la Corte Suprema", señaló Mariotto en declaraciones radiales. El funcionario añadió: "Cuando se instaló el debate de esta ley comenzaron una serie de descalificaciones para que no se discuta y no se sancione, y ahora, esas descalificaciones se hacen en estrados judiciales".

Mariotto insistió en que la sentencia se logró por "una interpretación caprichosa y funcional a los intereses concentrados" del ámbito de las telecomunicaciones. De inmediato criticó: "Se instala una derogación de la ley, porque tiene un efecto suspensivo en la totalidad de los artículos. La inmoviliza, le pone un yeso y no se puede aplicar".

La Cámara mendocina puntualizó su consejo de "mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución del referido texto legal mientras se sustancia el principal", es decir, la supuesta inconstitucionalidad de la norma señalada por Thomas. De todas formas, indicó la Cámara, su medida no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley.