El bloque Nuevo Encuentro ya tiene decidido dónde y cuándo presentará en sociedad el proyecto de nueva ley de entidades financieras. Lo hará el lunes próximo, a las 12 y en el salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados. El texto de la iniciativa llevará por título “Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”. Lejos de las pautas que exige el establishment, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria, destinado a la federalización del crédito y su direccionamiento con fines productivos.

En los últimos días, los diputados que encabezarán la propuesta prefirieron mantener bajo reserva sus detalles: el cuidado se explica por la natural disposición a abrir vías de negociación con otros sectores legislativos. “No queremos hacer un proyecto testimonial, sino que pretendo contar con todos los apoyos necesarios”, declaró en su momento el diputado Carlos Heller, que trabaja desde hace tiempo en la iniciativa, en la que colaboró una decena de economistas y abogados.

El proyecto se propone reemplazar a la legislación actual en materia de bancos. La ley que rige hoy la actividad financiera proviene directamente de la dictadura (como la 22.285, que reglamentaba la radiodifusión inspirada en los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional) y es considerada una herramienta jurídica heredada del neoliberalismo. El contenido básico de esa legislación, además, está en línea con los principios del Comité de Basilea, un espacio de coordinación y fijación de reglas para la actividad bancaria a nivel global. Esas reglas, vale aclararlo, no son de cumplimiento obligatorio por todos los países.

El Comité de Basilea está integrado por los presidentes de los bancos centrales de las diez economías más grandes del mundo. Las últimas recomendaciones del Comité –conocidas como Basilea II– imponen un capital mínimo muy alto para operar y son bastante restrictivas: alientan la concentración bancaria. El proyecto de Nuevo Encuentro no pretende acatar a rajatabla los preceptos de Basilea. Heller ya reconoció que la propuesta no está inspirada en las recomendaciones del Comité. En cambio, sostiene que esas regulaciones, como también el rol coordinador de los principales bancos centrales, colapsaron con la crisis que sacudió al mundo en 2009. “La crisis financiera internacional puso de manifiesto que la autorregulación no sirve. Además, esas reglas no pueden ser aplicadas a países periféricos porque desincentivan el crédito a las pymes”, declaró.

Lejos de las pautas que exige el establishment financiero, la propuesta busca inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria. Para empezar, se impulsa un modelo basado en los usuarios de los servicios financieros y no en las entidades que prestan esos servicios. Para los autores de la iniciativa, eso significa que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión. El modelo propuesto prevé que la actividad financiera sea considerada un servicio público. Considerar que la práctica de prestar dinero –créditos al consumo, a la inversión, a la compra de viviendas– es un servicio público implicaría que dicha actividad no quede más librada a la libre acción del mercado. Como sucede hoy.

La intención de los impulsores era presentar el proyecto antes de la apertura de las sesiones ordinarias, pero el debate en torno del uso de las reservas para pagar deuda –el discutido Fondo de Desendeudamiento– obligó a postergar la elaboración del texto. La iniciativa se podría resumir en las siguientes líneas de acción, que a su vez se podrían sintetizar en el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado de monitorear la actividad bancaria:

- Crear una superintendencia única para las entidades financieras, cambiarias y de valores. También crear un organismo que defienda los intereses de los actores financieros en todos los mercados, como asimismo los derechos de los usuarios.

- Regular las tasas para fomentar algunas actividades que sean esenciales.

- Obligar a los bancos a prestar dinero con fines puntuales. Se privilegiará a las pymes y a la economía social.

- Facilitar la labor de la banca nacional, tanto cooperativa como privada.

- Establecer requisitos diferenciados para los bancos privados de envergadura, por un lado, y para las cooperativas de crédito y las cajas populares, por otro.

- Fomentar el acceso y la inclusión al sistema bancario. Darle una impronta más federal.

Las ideas del proyecto tienen puntos de contacto con propuestas anteriores: esos borradores buscaban derogar y reemplazar la ley vigente, cuyo responsable fue José Alfredo Martínez de Hoz, y se planteaban como principal objetivo direccionar el crédito del consumo a la inversión, implementar un sistema de tasas de interés subsidiadas para financiar proyectos y motorizar una mayor participación de la banca pública en la actividad. Un ejemplo es la propuesta que el Grupo Fénix presentó hace dos años. En esta oportunidad varios bloques adelantaron su compromiso de discutir el proyecto en el Congreso. Incluso existe una promesa de votarlo positivamente para tratar de obtener su sanción.

En Nuevo Encuentro confían en lograr el apoyo del Frente para la Victoria y harán esfuerzos por sumar a la bancada de Proyecto Sur, lo que será difícil tras el descarnado enfrentamiento que desencadenó el affaire de Roberto Larosa.