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La medida tomada por Oyarbide dispone la prisión preventiva "de efectivo cumplimiento", junto a un embargo de 2.000.000 de pesos, en el marco de la causa por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel en 1976.

Oyarbide dispuso la prisión preventiva y ordenó la detención del ex ministro -que encomendó a efectivos de INTERPOL- luego de que, hace una semana, la Corte Suprema de la Nación declarara la inconstitucionalidad del indulto que el ex presidente Carlos Menem le concediera al funcionario del último gobierno de facto.

La causa penal, que había comenzado contra Jorge Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, incluyó más tarde a Martínez de Hoz, pero en 1989 y 1990 Menem los indultó mediante el dictado de los decretos 1002/89, 2741/90 y 2745/90 del Poder Ejecutivo Nacional. El proceso quedó paralizado hasta la presentación del 20 de junio de 2006 por la que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre le dieron impulso al expediente.

Las entidades pidieron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1002/89 y 2745/90, que beneficiaron a Harguindeguy y Martínez de Hoz y, luego, el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, solicitó lo mismo con relación al decreto 2741/90, que favoreció a Videla.

La Corte afirmó que, tras la reforma de la ley fundamental en 1994, los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y se ha querido que la jurisprudencia internacional en la materia sirva de guía interpretativa para los jueces.

Federico Gutheim, titular de la sociedad SADECO, dedicado a la exportación de fibra de algodón, y su hijo Miguel Ernesto fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976, para obligarlos a realizar operaciones comerciales con una empresa en Hong Kong, favorecida por el entonces ministro de economía.

En marzo de 1987, cuando fue citado a declarar por el hecho, Martínez de Hoz negó tener conocimiento de las negociaciones con empresarios de Hong Kong y dijo que él no firmaba los decretos que ponían a los detenidos a disposición de quienes ejercían el gobierno. Martínez de Hoz afirmó que nunca le informaron los motivos de la detención de los Gutheim pero que la creyó inconveniente para concretar las operaciones de exportación, a la vez que descartó el interés del Estado Nacional en el resultado de la negociación.

El ex ministro manifestó entonces no recordar si los Gutheim fueron llevados a reuniones, pero sostuvo que instruyó a sus colaboradores para que "no se trasluciese ninguna presión del Estado Argentino" y que las tratativas "aseguraran la libertad de negociación y decisión" de los empresarios.

Oyarbide evaluó que "el verdadero motivo" de las detenciones de los Gutheim, que cesaron en abril de 1977, "tienen su razón en el supuesto incumplimiento por parte de SADECO de la entrega de aproximadamente 4.760 toneladas de fibra de algodón, con destino de importadores con asiento de sus negocios en la Ciudad de Hong Kong".

El juez, para quien, en coincidencia con la Corte, el delito investigado es de "lesa humanidad", consideró que hubo un "irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado Nacional" y "la más absoluta desatención -plenamente conciente y determinada- a las esenciales garantías ciudadanas", con "el avasallamiento de todo principio constitucional".

Para disponer la "inmediata detención" y prisión preventiva de "cumplimiento efectivo" de Martínez de Hoz, el juez consideró que la libertad durante el proceso del ex funcionario de la dictadura "habrá de entorpecer la investigación" o que el ministro "intentará sustraerse al accionar de la Justicia".