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"Puedo decir con total seguridad y total responsabilidad republicana que ninguno de los jueces del momento, de los defensores públicos ni nadie se acercó a mi ni hizo nada", dijo Silvia Susana Ontivero, quien era delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al ser detenida en febrero de 1976.

La primera audiencia dedicada a escuchar testimonios se inició así en el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, en un proceso en el cual Miret, acusado por supuestos delitos cometidos en la última dictadura, encaró su propia defensa y se encargó de preguntar a los testigos en su contra.

"Eramos todos los delegados de ATE que fuimos detenidos y llevados al D2, que se conocía como el palacio de las torturas de Mendoza", explicó Ontivero, una licenciada en administración de empresas que pasó allí 18 días hasta que fue puesta a disposición del PEN y trasladada a la cárcel de Devoto, donde estuvo seis años más.

"Yo fui salvajemente torturada, salvajemente violada, perdí la cuenta de los hombres que me violaron, a veces hasta cuatro veces al día", recordó una de las denunciantes de Miret ante el jury de enjuiciamiento que deberá resolver si lo destituye o lo repone en el cargo.

"Nos dijeron que estábamos frente a un juez, después supe que era uno llamado Carrizo, yo le denuncio todo y él, después de verme entre dos policías que me llevaban porque no podía caminar, me pregunta el juez si me había caído", dijo Ontivero.

Según explicó el propio Miret al preguntarle en la audiencia, por esa época era defensor oficial de Mendoza, no juez. "Con todo respeto no pongo en duda las vejaciones, violaciones y torturas de las que fue víctima, pero yo no era juez, el juez era Carrizo, por qué me vincula a mí con todas sus desgracias y se hace denunciante del doctor Miret", dijo refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

"Me hubiera gustado mucho tener un defensor oficial, doctor Miret", respondió la testigo mirándolo a los ojos. "Nunca tuve defensor, no nos dejaron nombrar uno particular y me abrieron tres causas que luego fueron anuladas", agregó.

"He escuchado que hasta los jueces estuvieron también con las manos atadas, pero nunca supe desde que empezó la democracia que ninguno haya dicho desde entonces 'voy a contar lo que me pasó como juez, fiscal o defensor oficial, que me llegaba gente lastimada, torturada y no pude hacer nada'", señaló Ontiveros.

La testigo resaltó que en Mendoza "todos los expedientes fueron cajoneados, hasta los últimos dos o tres años, en donde por fin hemos podido ser escuchados".

Otro testigo, también militante de organismos de derechos humanos y secuestrado junto a Ontivero, Fernando Roulet, aseguró que Miret "fue particularmente activo" a la hora de avalar lo que hacía la policía de Mendoza de manera "previa y durante la dictadura cívico-militar".

El actual inspector de la Orquesta Filarmónica de Mendoza fue secuestrado del 9 al 26 de febrero de 1976 con el grupo de gremialistas, antes del golpe de Estado. "El superior de la Policía de Mendoza era la justicia federal, si actuaban era porque estaban avalados" señaló y recordó que tras su secuestro su madre se entrevistó con Miret y le pidió que lo buscara, que estaba en poder de la Policía.

"Estoy convencido de que el doctor Miret era parte del aparato terrorista que asaltó el país en la década dle 70", agregó Roulet.

El testigo fue interrumpido también en varias ocasiones por el juez suspendido para aclarar por ejemplo que él no firmó excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad por hallarse excusado y diferenciarse de su colega también con proceso abierto en la Magistratura, Otilio Romano. "Es un maridaje inventado", se indignó Miret al resaltar que él sólo intervino en una de las cinco causas por las cuales se lo denunció junto a Romano y por eso finalmente se separaron las acusaciones.

Miret fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y presentó su renuncia al cargo, que no fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, afronta ahora el jury en su contra por distintos delitos supuestamente cometidos en la dictadura, como por ejemplo el archivo en 1977 de la denuncia de la sustracción de una beba, Rebeca Manrique Terrero, quien recuperó su identidad 20 años más tarde.