El organismo internacional pidió "en particular" explicaciones acerca del dirigente Félix Díaz y su familia, los mecanismos para proteger a la comunidad toba, y sobre los avances de los compromisos asumidos por el Estado nacional en la reunión del 30 de diciembre.

La CIDH intervino ante un pedido de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismos que reclamaron medidas cautelares a favor de la comunidad toba, tras "el violento desalojo de la ruta nacional 86 que provocó dos muertes, decenas de heridos y detenciones arbitrarias a ancianos, mujeres embarazadas y niños pequeños".

Desde hace casi dos meses Díaz y otros miembros de la comunidad, entre los que hay mujeres y niños, acampan en la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en el centro porteño, a la espera de que se adopten las medidas que garanticen su integridad y que aparezcan los responsables de la represión en Formosa.

"El Gobierno nacional debe responder la próxima semana, luego de lo cual la CIDH decidirá si emite o no las medidas cautelares solicitadas", indica finalmente el comunicado de la Defensoría General.