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En su resolución, Marijuan recordó que -bajo el fundamento de que la distribución de dividendos no estaba incluida en el orden del día- el asesor jurídico de la Anses, Ricardo Nissen, pidió a la asamblea de la empresa que "se aclare cuál es el destino de 6.455.418.354 pesos", que se encuentran asignados a la cuenta "Reservas de futuros dividendos", 43.947.494 pesos a "Reserva facultativa" y 691.186.690 pesos a "Resultados diferidos", pero el directorio "no permitió que se brinden las explicaciones sobre el efectivo destino de los dividendos generados en períodos anteriores".

La asamblea en cuestión es la del 15 de abril último, día en que la mayoría optó por desconocer el Decreto de Necesidad y Urgencia 441 que establece que la presencia participativa de cada uno de los accionistas en el directorio es equivalente al porcentaje accionario. Y mantuvo el techo del 5 por ciento para el Estado representado en la Administración Nacional de Seguridad Social.

"Lo actuado por la parte mayoritaria" en aquella asamblea "constituye un claro abuso del derecho por no consultar con criterios de razonabilidad y buena administración, sino esconder una maniobra destinada a oprimir a las minorías". Con este argumento, Marijuan solicitó a Lijo que "disponga el allanamiento de la firma Siderar SAIC, a efectos de proceder al secuestro de la totalidad de los libros contables que guarden relación con los períodos cuestionados en la presente denuncia" y "toda aquella documentación" útil para la pesquisa.

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social indicó, además, que de acuerdo al decreto, el organismo estatal hubiera podido designar a tres directores en Siderar y "ejercer un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que puedan vulnerar futuros beneficios económicos".

Siderar "resolvió distribuir apenas un 18 por ciento de sus resultados acumulados y lo hizo negando la posibilidad de cualquier explicación sobre la posible distribución de un monto mayor". Lo que, según jurisprudencia que citó, "constituye una expropiación virtual y sin indemnización".

En este sentido, el fiscal consideró que los integrantes del directorio de la compañía que aprobaron lo actuado en esa asamblea podrían haber incurrido en el ilícito previsto en el artículo 300 del Código Penal, que prevé hasta dos años de prisión para los directores que, en asambleas de socios, informan con falsedad o reticencia.