Mujica había anticipado que promulgaría la norma antes del próximo martes, fecha en que prescribían las causas abiertas por las víctimas del terrorismo de Estado. Uno de los artículos de la ley "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1 de la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986".

Otro indica que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley". También se declara que "los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte".

Sin embargo, sectores de militares retirados, afines a la dictadura, anticiparon esta semana que interpondrán recursos de inconstitucionalidad y que denunciarán a exguerrilleros que cometieron crímenes y no fueron juzgados oportunamente. También anunciaron apelaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la nueva norma "afecta los derechos humanos y los adquiridos" por los militares, explicó al diario uruguayo El Observador Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar.