Martes, 8 de noviembre de 2011 | Hoy
19:09 › MEDICAMENTOS TRUCHOS
La Sala II de la Cámara Federal confirmó también la ampliación del procesamiento de Paula Aballay, Néstor Lorenzo y Susana Fionna, entre otros, y dispuso la nulidad de la resolución que ratificó sus prisiones preventivas y le ordenó al juez federal Norberto Oyarbide un nuevo pronunciamiento.
A pesar de la nulidad de la prisión preventiva del sindicalista Juan José Zanola y su esposa, Aballay, todos seguirán detenidos a la espera de que Oyarbide justifique las razones por las que, a su entender, deben estar presos, o los excarcele. La Sala II del tribunal de apelaciones confirmó la ampliación de los procesamientos dictadas por Oyarbide a otros acusados en el caso, pero le ordenó volver a fundamentar las razones para tener detenido a Zanola, quien a fin de noviembre cumplirá dos años en prisión sin haber sido enviado aún a juicio oral, y a quien Oyarbide rechazó excarcelar.
En otra de las resoluciones firmadas en la jornada, la Cámara también declaró la nulidad de la prisión preventiva al dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, también procesado como jefe de una asociación ilícita que habría estafado l Estado a través del cobro de reintegros por medicamentos costosos nunca suministrados, además de adulteración de remedios y venta de otros vencidos a obras sociales. Para la Cámara, Oyarbide fue contradictorio a la hora de denegar la excarcelación a Zanola, su mujer y de una ex administradora de la obra social bancaria, Susana Fionna, ya que argumentó que podrían obstaculizar la investigación pero a la vez advirtió que una vez confirmada la última tanda de procesamientos del caso, enviaría ese tramo de la causa a juicio oral.
"Si bien consignó que se verifican las circunstancias objetivas que permiten sustentar el mantenimiento de sus prisiones preventivas, a renglón seguido y contradictoriamente reveló la voluntad de avanzar hacia la siguiente etapa procesal por entender culminada la instrucción en lo que respecta a Zanola, Aballay y Fionna, entre otros", consignó el fallo de los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
Oyarbide había rechazado las excarcelaciones por restar medidas de prueba en el caso pero luego en la misma decisión anticipó su intención de dar vista al fiscal para mandar el caso a juicio oral, es decir, dar por finalizada esa parte de la investigación. "Dicha dicotomía, planteada en una misma resolución, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico que debe fundar toda decisión y, en particular, una como la presente, dada la naturaleza restrictiva y excepcional" de la prisión preventiva, entendieron.
Oyarbide "cayó en un formalismo vacío" al rechazar las excarcelaciones sin enumerar de manera concreta las medidas de prueba que faltarían producir y que podrían ponerse en riesgo con la liberación de Zanola, procesado como jefe de una asociacion ilícita que falsificaba, adulteraba medicamentos de alta complejidad y estafaba al Estado mediante el cobro de reintegros por tratamientos no suministrados, según la causa.
Tanto Zanola como Aballay y Fionna cumplirán dos años de detención preventiva a fin de este mes, por lo cual de no ser excarcelados Oyarbide debería prorrogar un año más esa situación, una medida que seguramente será también apelada ante la justicia. Para la Cámara, si la causa en lo atinente a Zanola y otros en su situación está lista para el juicio oral no habría "riesgo de entorpecimiento" con las liberaciones y por eso le ordenó volver a resolver sobre las excarcelaciones, concediéndolas o bien fundamentando mejor su rechazo.
En la misma resolución la Cámara confirmó la ampliación del procesamiento de Zanola, Aballay y Fionna por nuevos delitos vinculados al sumnistro de medicamentos adulterados o vencidos a los afiliados de la Bancaria, y al cobro de reintegros indebidos a través de APE, la Administración de Programas Especiales para enfermedades de alta complejidad. La misma resolución se tomó para con otros procesados mientras que se confirmó la falta de mérito del ex funcionario Claudio Zin, sobre quien se ordenó "profundizar" la investigación, al igual que se dispuso con los casos de Néstor Vázquez y Enrique Dratman.
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