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Según la denuncia, los reclusos eran obligados a salir de prisión bajo amenazas de personal del SPB, que los proveía de uniformes policiales, armas de fuego y autos para cometer robos y entregar luego el botín.

La fiscal se trasladó a la Unidad 45, donde tomó contacto con cuatro internos que habían denunciado la supuesta irregularidad ante el Comité. Los presos ratificaron ante Bravo que la versión denunciada y agregaron que lo hacían bajo amenaza de que sus familiares recibieran ataques.

También, los presos reconocieron ante la fiscal haber participado de robos de autos de alta gama, que luego eran desguazados en desarmaderos clandestinos del Conurbano, y haber protagonizado robos a mano armada en domicilios particulares.

Trascendió que en la denuncia los internos aseguraron tener fotos de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) junto a los objetos robados donde ellos aparecen vistiendo el uniforme policial y portando las armas que les entregaban para robar.

En la declaración ante la fiscal, los presos indicaron que luego de la denuncia que realizaron al Comité Provincial Contra la Tortura los guardias los golpearon en una celda del pabellón 6, por lo que fueron revisados por médicos del Poder Judicial, quienes constataron que no tenían lesiones recientes.

La fiscal, en tanto, dispuso la realización de una serie de pericias y medidas probatorias, entre ellas informes a la Policía Federal sobre los presuntos robos, para luego continuar con la investigación.