Viernes, 1 de junio de 2012 | Hoy
19:29 › CATAMARCA
La gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial que ordene el desalojo del bloqueo selectivo que realizan hace más de cien días los vecinos de la localidad catamarqueña a un costado de la ruta 60 para impedir el paso de los camiones con destino al proyecto minero Bajo La Alumbrera. Según indica la mandataria en la nota respaldada por el embajador argentino en Chile Ginés González García, el corte del llamado corredor bioceánico afecta a la "libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita". La presidenta de la Corte Amelia Sesto de Leiva anticipó que es "inminente" el desalojo y, en sintonía con las recientes declaraciones del gobernador riojano, Luis Beder Herrera, deslizó: "La cárcel es la solución para los ambientalistas".
A pesar de las advertencias de los poderes Ejecutivo y Judicial, la asamblea de Tinogasta aseguró que continuará con el bloque selectivo y aclaró que "sólo impide el paso de los transportes que se dirigen al emprendimiento minero 'La Alumbrera'".
Esta mañana, además de enviar una nota a la Corte provincial, Corpacci dirigió el mismo pedido al procurador general del máximo tribunal, Enrique Lilljedal, y le señaló su "preocupación permanente por las consecuencias de los cortes", producidos en la ruta al ingreso de Tinogasta que "impiden el tránsito provincial, regional e internacional y en especial el que se realiza a través del Paso Internacional de San Francisco".
El pedido formal de Corpacci a la Corte de Justicia local, en representación del Poder Ejecutivo, responde a una misiva envida por el embajador Ginés González García el martes último, y cuya copia adjuntó al pedido. Y solicitó que los pasos se cumplan "con el mayor de los respetos en el marco de la independencia de poderes que garantiza el estado de derecho".
La respuesta llegó rápido por parte de Sesto de Leiva, quien señaló que "no queda otra" que la cárcel para los manifestantes, pero luego agregar "si la Justicia los encuentro culpables". La magistrada indicó que "ya se llevaron a cabo todos los trámites judiciales y los cortes no se pudieron levantar" y señaló que "la policía es la responsable directa de desalojar la ruta", por lo que adelantó que se reunirán con funcionarios de Gendarmería y la Policía Federal.
"Hay muchos que tienen miedo dado los antecedentes de la policía con este pueblo. Estamos esperando que sucede lo que suceda, pero sabemos que nuestro reclamo es justo", señaló una integrante de la asamblea de vecinos. Además, tildó de "inexplicable" las declaraciones de la presidente de la Corte al señalar: "Nosotros no estamos cometiendo ningún delito y nos tratan como delincuentes".
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