Viernes, 30 de noviembre de 2012 | Hoy
22:10 › SUBTERRáNEOS
El plenario de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto y Hacienda discute el proyecto del Ejecutivo porteño, que contempla financiar el servicio con un incremento en los peajes, las patentes y los combustibles, y lo declara "servicio público esencial", clasificación que restringe el derecho de huelga de sus trabajadores, medida rechazada tanto por los metrodelegados como por la UTA.
La reunión, llevada a cabo en el Salón Montevideo, fue presedida por el titular de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, el macrista Enzo Pagani, quien le otorgó la palabra al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo: "Este es un proyecto trascendente para la ciudad y necesitamos que el subte sea un servicio público que tenga como prioridad al usuario", aseguró el funcionario, y remarcó: "Tenemos que dejar de hablar de los empleados y de la empresa Metrovias y volver a hablar del usuario".
Durante el transcurso de la reunión, los representantes de los Metrodelegados, Roberto Pianelli y Claudio Dellacarbonara, escucharon las intervenciones de distintos legisladores, entre ellos, Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular, quien advirtió que "se perdieron 11 meses desde el momento en que el gobierno porteño se debería haber hecho cargo del traspaso, pero más vale tarde que nunca. (...) Puede ser que se declare un servicio público de emergencia pero me parece que es discutible lo que implica, como las contrataciones directas o la fijación tarifaria de parte del gobierno, lo mismo que el límite al derecho de huelga, porque están yendo contra ese derecho", apuntó.
Ibarra alertó que "es preocupante que no haya licitaciones públicas y que el aumento de sueldos se traslade directamente a las tarifas del servicio (...) Es como decir, me hago cargo del subte pero agarrate".
La legisladora María José Lubertino, por su parte, indicó que "antes de aplicar el aumento de tarifas, se debería hacer una auditoría a la empresa Metrovías", y se preguntó "qué implica una tarifa justa y razonable".
El macrista Martín Ocampo, a su turno, reconoció que el PRO "está dispuesto a conversar con la oposición", que resiste el proyecto oficial, y anticipó que la iniciativa se debatirá en el recinto el 13 de diciembre.
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