La resolución 1272 publicada en el Boletín Oficial establece que "en lo que refiere a los casos de detenidos civiles o militares en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos, resulta indispensable que con carácter previo a cualquier traslado ordenado por la justicia a un centro de salud dependiente de las Fuerzas Armadas, se efectúe un exhaustivo informe sobre las condiciones de seguridad de dicho traslado".

"Esta evaluación -continúa- deberá ponerse de manera inmediata en conocimiento del Tribunal interviniente y del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de que puedan adecuar su pedido en orden a la información que les fuera proporcionada."

El texto que lleva la firma del ministro de Justicia, Julio Alak, indica que "en todos los casos en los que cualquier detenido necesite atención médica se lo deberá atender prioritariamente en los hospitales y dependencias de salud con que cuenta ésta institución penitenciaria". "No obstante, en caso de que el estado clínico del paciente exija la intervención de otro nosocomio, deberán utilizarse los hospitales públicos más cercanos al lugar de detención, en tanto se encuentren en condiciones de prestar la atención médica prescripta", indica.

Las medidas se tomaron luego de que el 25 de julio se fugaran los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi mientras estaban en una consulta médica por orden judicial en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires.