Alak informó que diez de los once implicados en crímenes de lesa humanidad que estaban internados en el Hospital Militar debían haber recibido ya el alta médica y consideró que su permanencia en los sanatorios es una forma de evitar las penas impuestas en cárcel común. "Pensábamos que la situación médica de los internados era más compleja, por eso creamos una comisión para evaluar su estado en 30 días, pero mirando la historia clínica en 72 horas nos dimos cuenta que una persona no podía estar internada porque tenía que hacer bicicleta fija para rehabilitar una rodilla", expresó.

Al detallar las patologías por las que los militares investigados estaban internados, explicó que algunos estuvieron alojados en el hospital Militar por más de un año por un dolor en el pecho, una fractura de tibia ocurrida hace más de seis meses o una "bolita de grasa". "Nuestro Gobierno no admite ningún tipo de privilegios, menos aún a los que han cometido actos de genocidio en la República Argentina", advirtió el ministro, tras señalar que esta situación demuestra que los crímenes de lesa humanidad no son "algo del pasado" y merecen "una activa participación del Gobierno y el Estado" para verificar el cumplimiento de la pena.

El ministro ordenó el lunes pasado la creación de una comisión interministerial para evaluar el estado de salud de los militares que estaban internados en el Hospital Militar. Esa decisión se tomó luego de la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por crímenes de lesa humanidad en San Juan y trasladados a Buenos Aires para ser atendidos por patologías menores.

Alak precisó que en el caso de Olivera y De Marchi "no había orden de internación" para su traslado. "Lamentablemente fueron trasladados al Hospital Militar Central en donde terminaron de perpetrar un planificado plan de fuga", dijo el funcionario. Agregó que "las fuerzas federales de seguridad, de Interpol, de Migraciones y los organismos internacionales los tratan de ubicar y detener". Ayer el Gobierno congeló los fondos de un fideicomiso al que ambos represores cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado.