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Barcesat consideró además que "lo más grave es que no lo hacen diez personas que viven en un barrio y no les gusta el que quieren designar para un cargo -aunque no serviría de nada-, sino que lo hacen personas que juraron respetar las normas en nombre de los ciudadanos".

El jurista, quien presentó cargos por "sedición" contra los senadores firmantes del acta, fue acusado por los legisladores de querer encarcelarlos. Sin embargo, Barcesat respondió que "lejos de motivaciones personales", los legisladores "deberían saber que el acuerdo que firmaron viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal".

"Habría que decirle a los senadores que cuando se ejerce un cargo de control, como es el que tienen ellos, el primer control tiene que pasar por ellos mismos", reafirmó. Y agregó: "Son ellos los que tienen que -en primera instancia- hacer valer los principios que rigen al pueblo de la Nación".

"Si se juntan para acordar no cumplir con la votación de un candidato sugerido por la Presidencia de la Nación, como está estipulado, directamente se oponen a un mandato constitucional", insistió. No obstante, explicó a Télam que el acta acuerdo que firmaron para no nombrar jueces en la Corte hasta después de las elecciones del 2015, "no tiene valor legal".

Por otra parte, recordó que "la ley también marca el número de miembros que tiene que haber en el Alto Tribunal" con lo cual, la actitud de los senadores "también afecta el Poder Judicial". "Si tenemos en cuenta que ingresan entre 10 mil y 11 mil causas por año, y se baja de cinco a cuatro miembros, estamos recargando a los otros ministros y entorpeciendo la labor", indicó.

Los ocho senadores nacionales que suscribieron un "compromiso público" para no cubrir la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta después de las elecciones presidenciales del 2015 son: Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando 'Pino' Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez.

La presentación judicial hecha por Barcesat quedó a cargo -por sorteo- de la jueza federal porteña María Servini de Cubría, quien dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsar la investigación.