"Lo denunciamos con todas sus letras: los resultados son limitados. A más de dos meses, no hay indicios de los compañeros estudiantes, no hay indicios claros de dónde se puedan encontrar", lamentó el asesor de las familias, Vidulfo Rosales, en una conferencia de prensa después de una reunión con funcionarios federales.

El letrado criticó a la PGR por "no haber abierto otras líneas de investigación" y haberse "quedado con la relacionado con el basurero". "No se abren otras líneas y hay otras líneas que permitirían hacer una investigación distinta. Pero sólo se han quedado en esa línea y le estamos pidiendo que abran otra", insistió.

El abogado contó que a la reunión asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador general de la República, Jesús Murillo, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quienes les dieron algunos avances sobre la investigación y expresaron el compromiso de mejorarla.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajó por primera vez desde las desapariciones al estado de Guerrero, lugar donde ocurrieron los hechos, y durante un discurso convocó a los familiares de las víctimas a que "hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor".

La actividad económica y turística de Guerrero registra una desaceleración como consecuencia de la desaparición de los estudiantes de una escuela rural para maestros de Ayotzinapa, que generó numerosas protestas. Las manifestaciones y bloqueos de sedes oficiales, negocios y rutas han generado cierre de comercios, pérdida de empleos y la caída en un 60 por ciento del turismo en el puerto de Acapulco, principal motor económico de Guerrero.

"Esto obliga que el Gobierno de la República venga aquí, dé la cara a los guerrerenses, como lo ha venido haciendo con toda la nación, y emprendamos acciones para reactivar la economía de estos destinos turísticos de Guerrero", dijo Peña Nieto en un acto público en Acapulco.

La noche del 26 de septiembre pasado un grupo de policías municipales atacó a tiros a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Seis personas murieron, incluidos tres alumnos de Ayotzinapa, 25 resultaron heridas y 43 alumnos fueron detenidos por los policías y entregados a Guerreros Unidos, que los asesinó y quemó sus cuerpos, según el testimonio de tres de los casi 80 detenidos por el caso.