En su resolución Bento advirtió que "las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean su detención me llevan a sostener que Alejandro Vandenbroele podría eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad", teniendo en cuenta que en Uruguay el delito de lavado de activos contempla una pena de entre 20 meses y 10 años de prisión.

Más adelante destaca que "fue citado a declaración indagatoria en dos oportunidades" pero "no obstante haber sido debidamente notificado, optó por no comparecer a las mismas" argumentando una prohibición de salida del país dispuesta por un juzgado comercial en la causa de la quiebra de la ex Ciccone.

Para el juez, "dicha situación no justifica el accionar del requerido" y "no consta en autos que haya puesto en conocimiento de los Juzgados Federales Argentinos (en los procesos seguidos en su contra) las citaciones que le fueron efectuadas por la justicia de la República Oriental del Uruguay y, menos aún, que haya solicitado una autorización para comparecer ante las autoridades extranjeras y someterse al proceso en el que se encuentra allí imputado".

Además Bento hizo hincapié en que Vandenbroele expresó que "no deseaba ser extraditado" a Uruguay, "sosteniendo que a su parecer su detención resulta innecesaria y desproporcionada".