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Oscar, quien estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, denunció que Milani "fue el último de sus captores que ve, pero no sabía de quién se trataba y recién lo identifica cuando es elegido jefe del ejército".

Auferi también pidió la reapertura de los archivos de la represión ilegal porque, dijo, "sabemos que existen en poder del Estado, y pedimos que se desclasifiquen". El abogado afirmó que "todos los caminos de los denunciantes conducen a probar la participación determinante de Milani como pieza del plan genocida que nosotros denunciamos en conjunto".

Explicó asimismo que "nosotros pedimos imputación por el delito de genocidio que, según los tratados internacionales, engloba privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, por ser realizados por funcionarios públicos, y allanamiento ilegal", entre otros delitos.

Por su parte, Alejandra Barry -hija de desaparecidos- advirtió que acompañaba la querella presentada por la familia Schaller para evitar que "sobresean o le otorguen falta de mérito" al actual jefe del Ejército, quien, denunció, tiene la estrategia "presentarse ante casos aislados y decir que él no tiene nada que ver". Recordó que Milani "mintió ante el informe del CELS", cuando dijo desconocer que en la rioja hubiera existido un centro clandestino de detención.

Barry consideró que "la Justicia tiene que avanzar (...) para que Milani vaya a juicio oral y se comprueben las denuncias". "En el caso de Milani las pruebas son tan contundentes que no se explica que hoy esté como jefe del Ejército si no es con un apoyo político y judicial absoluto", acotó.

En tanto, el juez federal Julián Ercolini desestimó la denuncia contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, realizada por los senadores radicales José Cano, Gerardo Morales y Silvia Elías de Pérez, por la presunta protección a Milani, a raíz de que el fiscal riojano Horacio Selman no acusó a Milani en su oportunidad en la causa que investiga el arresto ilegal de Ramón Alfredo Olivera en marzo de 1977, hecho que se suma a la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, quien estaba bajo su órbita en el momento de su detención.