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En junio hubo otros 11 mil despidos, llevando a 160 mil el total de personas que se quedaron sin trabajo en lo que va del año. El número trepa a 180 mil si se le agregan las suspensiones. La mayor parte de las nuevas cesantías se produjeron en el sector privado, todo indica que como efecto de la baja del consumo. Los despidos golpearon con fuerza a los trabajadores de frigoríficos y a los vinculados con la fabricación de electrodomésticos, dos tipos de productos que con la suba de precios quedaron fuera de la canasta popular. En el mismo sentido, por primera vez desde el viraje económico, el sector de los servicios fue muy afectado y concentró el 25 por ciento de los despedidos del mes. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los autores del relevamiento que contiene estos datos señalaron que “reconocidas marcas de cada rubro” continúan ajustando sus planteles. Así, la destrucción de puestos de trabajo muestra una continuidad, “contradiciendo el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresariales el pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses”.

El CEPA viene relevando la caída del empleo desde el verano, con informes mensuales. “Luego del impacto inicial que tuvieron los despidos en los ministerios nacionales, provinciales y municipales, los despidos y suspensiones del sector privado superaron ampliamente a los del sector público. A su vez, dentro de los privados se está viendo una secuencia: primero se vio afectado sobre todo el sector industrial, que es el productivo; ahora se sumó el efecto de la recesión, que se ve en el sector más comercial y de servicios”, explicó Hernán Letcher, director del CEPA.

Si se observa el mapa de los despidos según la actividad, en junio encabezaron el ranking los frigoríficos con más de mil echados. Lo siguió el sector de electrónica y electromésticos con 540 despidos.

Dos casos ilustrativos son el de Longvie –que prescindió de 60 trabajadores contratados, argumentando la falta de demanda de sus productos–, y el de KMG-Kodak, fabricante de cámaras de fotos que suspendió a todos sus trabajadores por seis meses, “hasta vender el exceso de stock”.

Las empresas textiles, por su parte, continúan expulsando trabajadores: Alpargatas –con 450 suspensiones–, Puma, Kevingston, están entre las marcas conocidas que achicaron sus planteles de empleados.

En el área de servicios, los trabajadores de comercio sufrieron más de mil despidos y suspensiones. Otro sector que siguió achicándose fue el de medios de comunicación, con 620 puestos de trabajo perdidos, esta vez centrados en medios del interior como La Mañana de Córdoba, Canal Cablevisión Sur, La Nueva Provincia o Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Entre los gastronómicos, los más afectados fueron los de Mar del Plata, donde en los últimos tres meses cerraron unos 30 locales.

Una lectura de los investigadores que siguen de cerca la arena movediza en que se ha convertido el mercado laboral es que la conflictividad sindical, así como la instalación del tema en la agenda política, sirvió para poner un freno al entusiasmo por achicar las plantas. En este sentido, el CEPA marcó por ejemplo que “el virulento debate público en torno a la ley antidespidos y la movilización de las cinco centrales sindicales permitieron, hacia fines de abril, una relativa mitigación de la avanzada empresarial”. Pero también advirtió que numerosos casos de despidos están saliendo a la luz por la denuncia de trabajadores que señalan la connivencia de sus sindicatos con la patronal, y deben encarar sin el respaldo del gremio la pelea por defender sus empleos.

Además de los despidos, el CEPA incluyó en su informe de junio otras medidas que están tomando las empresas para reducir sus costos laborales. Un caso fue la decisión de Techint y Acindar de incumplir el acuerdo paritario metalúrgico de los siderúrgicos, “que eventualmente aceptaron un 29 por ciento contra el 35 que debían homologar”. En el mismo listado se agregan la vuelta de los despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios y “la creciente política de suspensiones, que sólo en contadas situaciones se acuerda con pagos salariales al 85 por ciento y trabajo rotativo, ya que en muchos casos el salario de los suspendidos es más bajo, del 50 o el 60 por ciento, y en los hechos opera como una reducción de las plantillas laborales”.