La medida fue publicada en el Boletín Oficial pero su reglamentación se conocerá la semana próxima. La reglamentación habilita un nuevo blanqueo de capitales no declaradas para que, dependiendo del activo que sinceren, sean utilizados para financiar parte de los aumentos previstos en las jubilaciones más altas.

La iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional por tres años, con el objeto de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, que según los datos oficiales alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron.

Los acuerdos podrán celebrarse "en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado", a la vez que establece que los convenios "deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes", según la norma.

Otro de los puntos importantes del megaproyecto sancionado el mes pasado es la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, "que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto"; lo cual abriría la puerta al regreso de las AFJP.