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Cientos de jóvenes universitarios dejaron de percibir de manera sorpresiva el Plan Progresar en el mes de julio, desde la Anses y el Ministerio de Educación –los organismos encargados de cruzar los datos necesarios para otorgar los beneficios– dijeron que fue un “problema técnico”. El motivo, dicen, es que los estudiantes no cumplen con la regularidad académica, pero distintas Universidades y Facultades manifestaron que habían entregado todo en tiempo y forma. Además, los estudiantes se quejan porque ningún organismo resuelve su problema y “se pasan la pelota y la plata no aparece”.

Lo cierto es que esta situación nunca fue comunicada por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ni por Educación, sino que los propios estudiantes perjudicados empezaron a reclamar en en sus centros de estudiantes y sus facultades; y por diferentes vías: llamadas a la Anses, mails, y por las redes sociales Twitter y Facebook (un grupo llamado Beneficiarios Suspendidos del Progresar tiene más de 1500 miembros).

Así fue que la organización política La Cámpora se puso en campaña para centralizar la mayor cantidad de casos: en una semana y media registró más de 950. De ese número, la mayor parte corresponde a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero se observan muchos casos de diferentes universidades como las de Catamarca, Lanús, Cuyo, Tucumán, Matanza, Córdoba, Nordeste, Rosario, La Plata, General San Martín, Salta, Formosa, La Rioja, Arturo Jauretche y Mendoza, entre otras.

“A nosotros nos llegaron varios mails de estudiantes contándonos la situación, que habían dejado de cobrar sin motivo aparente y que en sus facultades no manifestaban ningún problema de regularidad”, contó a este diario Alejandro Ades, consejero superior de la UBA, que en ese organismo pidió una explicación sobre la situación de esos estudiantes; pero el Secretario de Extensión de esa casa de estudios respondió que toda la información pertinente fue enviada en tiempo y forma. “Entendemos que éste es el comienzo de un desguace del programa. No podemos permitir –enfatizó Ades– que recorten este derecho que permite estudiar a miles de jóvenes, sobretodo en este contexto de ajuste que vuelve más difícil la continuidad de los estudios”.

La Anses en un comunicado informó que “el Ministerio de Educación está analizando junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa Nacional de Becas Universitarias, aquellos casos que resulten susceptibles de revisión para una nueva puesta al pago de parte de Anses. Se trata de jóvenes que cursan los niveles terciarios y universitarios, y que se vieron afectados por la suspensión del beneficio, pese a que habrían cumplido con el requisito de materias aprobadas”.

Por su parte, el Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini, argumentó que el problema fue “un error técnico de un sistema que no se actualizó como debería, y eso no le permitió a las bases recopilar los datos sobre las regularidades; cuando esos datos no llegaron a la Anses, fueron dados de baja”. Sin embargo, Domenichini, ex presidente de la Federación Universitaria Argentina por la radical Franja Morada, anticipó que se resolverán “todos los casos”, aunque por el momento ignora el universo total de estudiantes perjudicados. Ese dato no figura en ningún lugar.

“A los perjudicados se les pagará el retroactivo por este mes que no cobraron –afirmó Domenichini–, tampoco perderán el 20 por ciento acumulado que se abona a fin de año; e insistimos en que no hay necesidad de inscribirse nuevamente para volver a percibir el Progresar”. La asignación es de 900 pesos: por mes se cobran 720 y el resto contraentrega de regularidad de los estudios.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) nació el 22 de enero del 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; alcanza a estudiantes de 18 a 24 años, independientemente del nivel que estén cursando. En febrero del 2014 lo percibían más de 200 mil personas, y desde ese mes no paró de crecer, hasta llegar a su pico máximo en octubre del año pasado, cuando alcanzó a más de 950 mil beneficiarios. Hasta esa fecha los registros eran mensuales. Hoy no hay ninguna estadística que muestre cómo continúan esos números, sólo datos aislados en artículos publicados por la Anses. Las mismas revelan que en enero de este año el número había descendido a menos de 905 mil inscriptos, una tendencia que se profundizó: en junio de este año percibieron al programa menos de 752 mil estudiantes.