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La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) presentó ayer por la mañana, en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, un amparo contra la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios del gas. La presentación pide que se declaren nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas que imponen el nuevo esquema tarifario del gas, y que las empresas distribuidoras de todo el país se abstengan de requerir o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero que surja de las tarifas incrementadas. Por otra parte, reclama que se declare la nulidad de la convocatoria a la audiencia pública para el 16 de este mes “por resultar un grave ataque al federalismo, al ser convocada en CABA y después como agregado, por otra resolución, (la conexión con) ocho ciudades para realizar teleconferencias”.

El amparo presentado por Apyme es el primero de incidencia colectiva presentado por el sector empresario, justificado en que el tarifazo afecta “intereses individuales homogéneos”. La ausencia de una presentación en este sentido es, justamente, a lo que aludió la Corte Suprema al declarar la nulidad de los aumentos pero sólo para los usuarios residenciales. El recurso judicial de la entidad empresaria cuestiona todos los componentes de la tarifa (producto en boca de pozo o en el punto de ingreso al sistema, transporte y valor de distribución) y abarca a todo el territorio nacional.

Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal n° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. En una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en la sede cordobesa de Apyme, su titular, Eduardo Fernández, reclamó que “la Justifica Federal se pronuncie sobre la legalidad del proceso de aumentos tarifarios dispuesto por el gobierno nacional”. Observó que el nuevo cuadro tarifario para el gas “agrava sensiblemente la actual situación de baja en la actividad económica”.

Miguel Rodríguez Villafañe, como letrado patrocinante de Apyme, explicó que la presentación está dirigida a que el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país sean incluidas en el fallo de la Corte Suprema que determina la retracción del cuadro tarifario. El abogado también informó que la presentación pide “un pronunciamiento sobre la incompatibilidad del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en su función, en virtud de la Ley 25.188 de ética pública, ya que el funcionario posee acciones de las empresas que se benefician con los incrementos”.

El aumento de la tarifa del gas estuvo promovido fundamentalmente por la suba en el precio al productor (boca de pozo) del ciento por ciento en dólares que dispuso el Ministerio de Energía. Según los especialistas, la incidencia del gas en boca de pozo en el precio final es del 70 por ciento. El resultado final para los establecimientos comerciales e industriales oscilaban entre el 300 y el 1200 por ciento. Posteriormente, ante la ola de denuncias, el gobierno intentó controlar la situación ordenando un tope del 500 por ciento en los aumentos para las empresas, pero no logró contener las protestas y los reclamos frente a una situación económicosocial que, además, se agravó desde entonces hasta ahora.