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El presidente Mauricio Macri salió a fijar posición ante un caso que, por conmoción social, está en la lupa de buena parte de la sociedad argentina, especialmente la que vota. Se trata del caso del carnicero Daniel Oyarzún, de la ciudad de Zárate, detenido luego de matar con su auto a uno de los ladrones que habían entrado a su comercio. “Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia tranquilo, tratando de reflexionar todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué pasó, por qué sucedió esta muerte que tuvimos”, dijo Macri. La cita presidencial –una oscura presión sobre la Justicia– desató críticas entre los especialistas del derecho penal y organizaciones sociales dedicadas al tema.

Mientras Macri lanzaba al aire su convocatoria a la violencia reflexiva, y de paso presionaba por la libertad del carnicero sin hacer la menor mención a la agresión de los vecinos sobre el hombre atrapado bajo el auto, la jueza del caso, Graciela Cione, analizaba si disponía la excarcelación de Oyarzún (ver aparte). Presión presidencial aparte, vecinos y familiares del carnicero detenido realizaron una marcha frente a la intendencia reclamando la libertad de Oyarzún, con la convocatoria reflexiva presidencial de su parte.

En una entrevista radial, Macri dijo que “en esta década que pasó, otra de las tantas mentiras era decir que acá no había problemas de inseguridad. Acá hay problemas graves de inseguridad que llevan a la desesperación, que llevan a situaciones como las del carnicero”.

Y añadió: “Además, quiero de cir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia tranquilo, tratando de reflexionar todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué pasó, por qué sucedió esta muerte que tuvimos”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, salió a aclarar que “en ningún momento (Macri) avaló lo sucedido en Zárate. Se limitó a marcar la gravedad del asunto”. No quedó claro. El aval a la libertad de Oyarzún fue demasiado explícito para aclaraciones y desmentidas.

No fue el único. Desde Córdoba, el ministro de Justicia Germán Garavano asumió que “en general es un pedido en todo el país. Cada vez más necesitamos que el sistema de justicia penal envíe señales claras a los que violan la ley”. No se refería al carnicero. También dijo que “la justicia por mano propia no ayuda en este proceso, sino que agrava y profundiza la situación”. No la cuestionó ni desechó. Sólo dijo que “no ayuda”.

El comentario de Macri y sus soportes fueron severamente criticados. Claudia Cesaroni, directora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y autora de Masacre en el Pabellón Séptimo, dijo a Página/12 que “paradójicamente es lo que venimos diciendo desde siempre, que sí, que corresponde que lo liberen (a Oyarzún) pero que liberen al resto, a todos los que están en la misma condición. Y ahí viene el problema. Porque en segundo lugar, el problema es lo que está diciendo, lo que debe ser, que ‘éste es un ciudadano sano, con buena familia, merece quedar libre’. Este binomio carnicero/delincuente, médico/delincuente deja en claro que de un lado se es alguien y del otro lado se es nada. Eso, viniendo del Presidente habilita cualquier tipo de actitud, cero empatía con el que es nada, lo podés aplastar contra un árbol, lo podés golpear, matar cuando está atrapado y en el suelo. Me preocupa cuando el Presidente habla y habilita a todas estas cosas, es de una gravedad preocupante.”

Adrián Martin, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, sostuvo que “de la enorme cantidad de personas detenidas en nuestro país, más de las dos terceras partes están presas sin condena por delitos mucho menores que el que le adjudican a esa persona (en referencia a Oyarzún). Son presos por robos, depende del caso más o menos violentos, pero delitos contra la propiedad. Y de hecho, en general, no hay ningún peligro de fuga porque la fuga (que exige especialmente contactos y soporte económico) sólo puede cumplirse a unas pocas cuadras. La selectividad del sistema penal elige a los sectores más vulnerables de la población y entre esos imputados se dan parámetros ineludibles en todos los casos: escuela primaria incompleta, trabajos sumamente precarios, algún consumo conflictivo de estupefacientes desde muy temprana edad, situaciones que el Estado debería haber previsto y que no previó. En muchos casos se trata de prisionizaciones de jóvenes sin responsabilidad penal. Esos conforman la mayoría de las personas privadas de libertad en nuestro país y más de las dos terceras partes, con prisión preventiva. Esa situación sobre el peligro de fuga que mencionó el Presidente sería interesante que fuera pensada más en general, y en particular con los sectores mas vulnerables de la población y para pensar políticas públicas de inclusión.”

También desde la Comisión Provincial por la Memoria, su secretario, Roberto Cipriano García denunció como “gravísimas las declaraciones del Presidente porque estimula la ilegalidad, está convocando a que se cometan delitos. Porque lo que hizo Oyarzún es un delito común. Si fue víctima de un robo y la persona que lo robó se escapó, no puede tener ninguna de esas reacciones, porque la solución no está en sus manos. Lo que tiene que hacer es llamar a la policía. No es un caso de legítima defensa, tampoco es emoción violenta, porque en todos los casos se trata de un desplazamiento temporal que transforma lo que hizo en otro delito. Termina siendo una respuesta extemporánea. El carnicero pensó en perseguirlos, pensó en subir al auto, penso en atropellarlo y matarlo. Sabía lo que estaba haciendo. Por otro lado, lo que dijo el Presidente es estigmatizante, prejuicioso y discriminatorio. Cuando dijo que no había riesgo de fuga porque ‘es un ciudadano querido, reconocido por la comunidad’, y que ‘debería estar con su familia tranquilo, tratando de reflexionar todo lo que pasó’, lo que dijo es que hay ciudadanos de primera y de segunda. Quedó claro que piensa que la vida de un ciudadano vale más que la de otro. ¿Qué sociedad nos está proponiendo al justificar estos hechos delictivos. Son declaraciones que degradan su investidura y a la democracia. Por un lado propone una sociedad que dialogue pero por el otro promueve la violencia cuando sostiene estos actos injustificables. Además, claro, sostiene la idea de que la muerte de determinadas personas no importan y no son graves, y se resuelven reflexionando en la casa”.

Un día más. La ley es una y quien la sufre también. El mensaje presidencial está dirigido para los otros, para los que son tenidos en cuenta. No como víctimas, son votos.

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