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El acuerdo que la canciller Susana Malcorra suscribió con el vicecanciller británico Alan Duncan generó ayer la reacción de la oposición y de agrupaciones de ex combatientes que consideraron que el país cedió demasiado a cambio de muy poco. El bloque de diputados del Frente para la Victoria expresó su “categórico rechazo” a la declaración y adelantaron que pedirán la urgente presentación de Malcorra en la comisión de Relaciones Exteriores para que dé explicaciones. El secretario del centro de ex combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Ernesto Alonso, consideró que el Gobierno está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al “alejarse del mandato constitucional” de ratificar la soberanía sobre las Malvinas. Incluso, desde el propio oficialismo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, evaluó que el Gobierno debía ser “cuidadoso” en la aplicación de la cláusula del acuerdo que promete liberar de obstáculos el desarrollo económico de las islas.

“Vamos a solicitar que se convoque con carácter de urgente a una sesión de la comisión para realizar un análisis profundo de la declaración conjunta y pediremos que se invite a la canciller Malcorra y el vicecanciller Carlos Foradori para que brinden información complementaria a la que ha sido difundida por la Cancillería”, adelantó el diputado Guillermo Carmona, del FpV, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, que preside Elisa Carrió.

Carmona detalló los puntos del acuerdo que motivaron el rechazo del bloque. “Vemos con preocupación el retorno a la política del paraguas de soberanía. El Congreso no puede estar ajeno a estas declaraciones que deberían ser parte de formales acuerdos y tratados”, advirtió Carmona. Agregó que con el acuerdo alcanzado el país acepta “la imposición británica de que se remuevan los obstáculos para las actividades hidrocarburíferas, lo cual choca con la legislación vigente en la materia”. Los diputados quieren que se convoque también a las asociaciones de ex combatientes y veteranos de guerra, observatorios universitarios sobre Malvinas, académicos y especialistas para obtener una “amplia perspectiva sobre las consecuencias” del entendimiento.

Al respecto, Ernesto Alonso, que representa a uno de los centros de ex combatientes más activos y numerosos, subrayó que “la política que decide el presidente Mauricio Macri llevar adelante sobre la cuestión Malvinas y ejecutada por su canciller Malcorra se aleja del mandato constitucional que debemos cumplir los argentinos”. Desde ese centro de ex combatientes analizaban presentar una denuncia en la justicia para que se investigue el eventual delito. Desde Tierra del Fuego, el ex presidente del centro de ex combatientes de Malvinas en Ushuaia, Carlos Latorre, consideró que “cualquier negociación con Gran Bretaña, aunque implique posibles beneficios comerciales para Argentina, debe estar sujeta a la discusión de la soberanía”.

Pero lo más llamativo fue que desde el mismo PRO salieran a advertir sobre el compromiso argentino sobre “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable” de las islas Malvinas, que está incluído en el acuerdo. “Hay que ser muy cuidadosos en la forma en cómo se va implementar esa frase genérica. Hay que ser prudentes, inteligentes y cuidadosos, y hay que tener consenso cuando se implementen distintos caminos”, sostuvo Pinedo. “Definitivamente, la Argentina debe tomar como interés nacional el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas que dicen que existe un conflicto de soberanía y que las dos partes tienen que negociar”, subrayó el presidente provisional del Senado.