Viernes, 16 de septiembre de 2016 | Hoy
17:59
Opinión, por Martín Granovsky
Avellaneda no será México pero tiene sus murales. El más famoso es el de Pavón al 2000 sobre los paredones de la vieja fábrica Durax, la actual cooperativa Cristal. Las imágenes cuentan la historia de la industria argentina. Una pintada en otra esquina dice, sin vueltas, “No al desempleo”. Por algún misterioso espíritu de respeto al espacio público o al trabajo de los demás, vaya uno a saber, en Avellaneda los murales no se tapan. Quien los dibuje, les garabatee encima o los pegue carteles, será penado con el repudio de los vecinos. Y si es político pagará el costo. Por eso, con la seguridad que da la tradición, el sábado último un grupo de pintores de brocha gorda y diseñadores de pincel fino aprovechó el sol para dejar listo otro mural más, “No al tarifazo”, en Belgrano y Ocampo. Ya son tres sobre el tema. Antes hubo uno en Mitre y Castelli y un segundo en Belgrano y Madariaga. La firma dice Frente Militante. El que fue pintado bajo el sol muestra una mejilla inflada de trompetista que remata en una vuvuzela. Las imágenes y el sonido, en este caso imaginario, son parte de la preparación para la audiencia del gas, un tema que en los municipios viene haciendo ruido desde enero. Casi tanto ruido como la luz y como el agua.
“No bien el gobierno nacional anunció el aumento de tarifas noté que incumplió con el requisito de la audiencia pública”, dice a Página/12 Pablo Vera, abogado y jefe de Gabinete de la intendencia que encabeza Jorge Ferraresi. “La verdad, no imaginé las consecuencias institucionales de la falta de audiencia, pero en Avellaneda recogimos muy rápido que había malestar porque es un distrito con muchos clubes y sociedades de fomento.”
El municipio primero presentó un amparo como cliente del servicio eléctrico y a la vez encaró reuniones con clubes, sociedades de fomento, pymes, fábricas recuperadas y sindicatos. Poco a poco, de manera individual o colectiva, cada sector fue elevando su demanda. “Cada cual planteaba su situación particular y todas eran preocupantes”, dice Vera. “Los clubes con la elevación de tarifas pensada originalmente serían inviables. En las pymes y los comercios habría un serio deterioro por aumento de costos. Se dificultaría la problemática del empleo en una secuencia que uno ya conoce: recorte de horas extras, suspensiones y finalmente despidos.” Vera sostiene que el fondo es éste: “No es cuestión de tarifas, la cuestión es evitar que la energía sea concebida como materia prima, que se vea reducido el consumo y que la Argentina vuelva a exportar energía sin usarla para el mercado interno y la industria manufacturera”.
El tarifazo es parte de la tormenta perfecta que enfrió la economía. En Avellaneda el municipio calcula que la recaudación por la tasa de higiene y seguridad cayó durante este año un 24 por ciento, lo cual es un problema para el Tesoro y muestra una baja de actividad.
Página/12 pudo constatar como mínimo ese nivel de caída en la actividad tras consultas en los municipios de San Martín, La Matanza, Ituzaingó y Ensenada. La crisis es transversal a los nombres que usan los intendentes para juntarse y discutir de política. Vayan al Instituto Patria como Ferraresi, integren el Grupo Esmeralda como Gabriel Katopodis o sean parte del Fénix como Verónica Magario, los problemas reales son comunes. En esa dimensión física de las relaciones entre gobernantes y gobernados quizás esté la clave del papel dinamizador que jugaron los municipios del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos de la Argentina para que el problema terminara velozmente en la Corte Suprema y el Gobierno diera marcha atrás. Aún puede haber desconfianza entre el dueño de una pyme y el dirigente de un movimiento social o de un sindicato. Cada quien procesa como quiere y puede el voto por Mauricio Macri o Daniel Scioli. Los sectores no se juntan, al menos por el momento, y tampoco coordinan, pero en estos meses de 2016 todos dejaron que los municipios asumieran un papel de articulación. Así fuese tratando a las distintas franjas en paralelo.
También buscó una forma concreta de respuesta Mariano Lovelli, uno de los abogados que encabezan el Cepis, Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Su perfil de Twitter informa, entre otras cosas, que es “platense, abogado, profesor, marido, padre, pincharrata, amigo, asador, militante del proyecto nacional y popular”. Por la presentación del Cepis fue que el tarifazo del gas llegó a la Corte Suprema y el de la luz a la Cámara Federal de La Plata en tiempo record. En los últimos días Lovelli impugnó la audiencia de hoy con el argumento de que la convocatoria no acataba el fallo de la Corte porque el Gobierno no informó hasta ahora cuál es el precio del gas cuando sale del pozo, o sea el costo básico que influye en el transporte y la distribución. Pero igual irá a la audiencia manteniendo el perfil del Cepis. “Vamos a seguir estudiando, proponiendo y si es necesario demandando, porque ése es el papel que nos fijamos a nosotros mismos”.
La sociedad argentina parece encontrar formas de mantenerse en movimiento.
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