El trabajo, que contiene "claroscuros" en la gestión de los tres poderes del Estado, fue difundido en la sede de la entidad, que viene haciendo este tipo de relevamientos desde 1994.

El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, fue el encargado de brindar el informe a los medios, que consiste en una evaluación de diez áreas que contienen "avances y retrocesos" en materia de derechos humanos, en un sentido amplio, durante 2006, en todo el país.

El CELS comenzó analizando la situación de los juicios por crímenes de la última dictadura y, en tal sentido, mencionó como un hecho auspicioso la reanudación de los procesos que permitieron las condenas a los ex represores Julio Simón (alias Turco Julián), a 25 años, y Miguel Etchecolatz, a reclusión perpetua.

Sin embargo, lamentó los "intentos de desestabilización" como la desaparición del testigo Jorge López y las "deficiencias de la Justicia y de las fuerzas de seguridad para investigar y prevenir" este tipo de hechos.

Celebró, por otra parte, el rechazo por parte del Congreso del pliego de Luis Patti, así como las reformas institucionales tendientes al control civil de las Fuerzas Armadas, como la reglamentación de la Ley de Defensa y los cambios en el sistema de inteligencia militar, pero reprobó la "persistencia de prácticas ilegales", como el caso de espionaje detectado en la base aeronaval de Trelew.

La renovación de la Corte Suprema es uno de los aspectos positivos destacados en el informe del CELS -que a partir de mañana podrá verse en la web, según anticipó su vicedirectora ejecutiva, Andrea Pochat-, pero al mismo tiempo criticó la reforma al Consejo de la Magistratura, que según dijo Chillier, "dejó la idea de un mayor control político de jueces nacionales a partir de la mayor representatividad del Poder Ejecutivo".

También lamentó la "falta de independencia" de la Justicia en Misiones y el intento de reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires.

En el ítem correspondiente a la situación de las personas privadas de libertad, el CELS elogió la disminución en la cantidad de presos en Buenos Aires, cercana a 9 por ciento, según dijo, lo que calificó de "punto de inflexión de una tendencia (hasta ahora) creciente".

Sin embargo, cuestionó la "persistencia de hacinamiento carcelario y de violencia institucional" en establecimientos de Buenos Aires, Mendoza y Chubut.

En el punto referido a la Violencia institucional y seguridad ciudadana, destacó un descenso de muertes, que pasaron de 150 en los años 2001 y 2002, "a un promedio de 50 en el último año", así como las "reformas y reacciones políticas frente a hechos graves" cometidos por la Policía Bonaerense.

En la columna del debe, advirtió sobre 14 ejecuciones sumarias detectadas en la región metropolitana (casos de 'gatillo fácil') y la "ausencia de reformas en la Policía Federal".

También destacó la "política de disuasión y protección de la libertad de expresión" evidenciada por el Gobierno ante manifestaciones públicas, así como el esclarecimiento judicial en el caso "emblemático" de Puente Pueyrredón, a pesar de las críticas de las organizaciones piqueteras por la falta de juzgamiento a los responsables "políticos" de la represión.

Como contrapartida, citó las "situaciones contradictorias" en Las Heras (Santa Cruz), Chaco, Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires, con la "criminalización de la protesta" frente a la Legislatura porteña.

En el ítem Políticas Sociales, el CELS destacó el crecimiento económico y la mejora de los indicadores sociales (empleo, pobreza e indigencia), pero cuestionó las "debilidades en el diseño e implementación de los planes sociales" que facilitan, dijo, las prácticas de clientelismo y no permiten el acceso universal a esos beneficios.