Según documentación, el juicio político contra el juez que tiene a su cargo las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco del Primer Cuerpo de Ejército fue impulsado por el supuesto ex represor Juan Cristian Silva.

El 29 de junio de 2006, Silva dijo ante la Justicia "que presenció hechos violatorios a los derechos humanos cuando prestó servicios en la Policía Federal durante el período de 1970 a 1983".

La documentación del Consejo, a la que accedió esta agencia, relata que Silva dijo haber presenciado "el homicidio de dos NN masculinos y un femenino" simulado como "enfrentamiento armado"; "que en 1980 fue destinado al centro clandestino conocido como El Olimpo donde le ordenaron derribar los calabozos y las salas de torturas".

Pero además dijo que conoce a un cabo primero retirado -a quien identificó con nombre y apellido- "quien le confesó haber participado en el secuestro del hijo de Graciela Fernández Meijide".

Silva denunció a Rafecas por "abandono de persona e incumplimiento de los deberes del funcionario público y porque lo ha discriminado".

En ese contexto, pidió la protección especial para testigos en peligro, porque sufrió "una tentativa de secuestro y actos intimidatorios como una bala calibre 45 colocada ante la puerta de su vivienda".

Las investigaciones judiciales dieron verosimilitud al relato de Silva, pues confirmaron que "reingresó a la Policía Federal el 5 de agosto de 1974 y prestó servicios hasta el 21 de junio de 1983 que fue dejado cesante".

La evaluación psicológica estableció que "no presenta en las pruebas proyectivas indicadores precisos, con validez científica, para afirmar una fabulación incrementada de manera patológica".

El juicio político fue rechazado porque el 17 de abril de 2007 el juez Rafecas dispuso "la inclusión provisoria de Juan Silva, por el término de un mes, en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación".

"Más allá que se aprecia que ha trascurrido cierto período de tiempo... no debe dejar de sopesarse las complejidades que presentaba el caso concreto", sostuvieron los miembros del Consejo de la Magistratura.

Ni Rafecas ni su colega Julián Ercolini -quien en algún momento intervino en la causa como subrogante- "han incurrido en falta disciplinaria o causal de remoción", señalaron los consejeros.