En los fundamentos de la propuesta se explica que el objetivo "es terminar con la ley que otorga inaceptables privilegios a ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex legisladores de la provincia de Buenos Aires, por sobre todo aquel trabajador que aporta o depende del Instituto de Previsión Social (IPS)".

"Creemos que los beneficios jubilatorios otorgados por estas leyes son excesivos e injustificados, marcando una odiosa diferencia entre los beneficios que pueden disfrutar los señores ex Gobernadores, ex vicegobernadores, y ex legisladores de la provincia de Buenos Aires, y los beneficios percibidos por el resto de los trabajadores en relación de dependencia", se indicó.

Agregaron que "si bien la dirección de los destinos del Estado conllevan una alta responsabilidad y un consecuente desgaste físico, sinceramente no creemos que desempeñarse durante un período de cuatro años en el ejercicio del Poder Ejecutivo provincial sea razón suficiente para cuestionar las leyes de la biología, y que cuatro años de trabajo valgan más que 25 y 35 años de trabajo exigidos al común de los trabajadores".

"Sinceramente, creemos que el trabajo realizado en el ejercicio de cargos públicos electivos difícilmente sea equiparable a tareas insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro, por lo cual sea necesario y conveniente un trato diferencial", consignó el comunicado.

Además, explicaron que "en el caso de los legisladores (Ley 8320) es doblemente grave, ya que no sólo se reduce en diez años la edad jubilatoria requerida, sino que además establece una jubilación o retiro de carácter extraordinario, violentando el principio de igualdad ante la Ley".

El presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia, Alejandro Ballerter, reveló que en la actualidad se están pagando 154 jubilaciones enmarcadas en estas leyes, con asignaciones que oscilan entre los tres mil y cinco mil pesos mensuales y que demandan un gasto del orden de 1.600.000 pesos.

Estas prerrogativas fueron otorgadas en 1952 a través de una norma conocida como Ley Mercante, que otorga una jubilación del 82 por ciento del salario a ex gobernadores y ex vicegobernadores con edades superiores a los 55 años, y del 50 por ciento del monto de la dieta a los legisladores mayores a los 50 años.