Con mucha más actividad en la jornada inaugural de la víspera por parte de los ministros de la Corte, Picolotti insistió en que el plan que puso en marcha el gobierno es "sólido", pero reconoció que la prolongación en el tiempo de las tareas dificulta la previsión presupuestaria.

La funcionaria recordó que las previsiones de gastos "son anuales", mientras que los trabajos para el saneamiento de la cuenca hídrica demandará por lo menos una década.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vocal Carmen Argibay, fueron los ministros más inquietos a la hora de las preguntas.

Precisamente Lorenzetti introdujo la cuestión de la asignación de recursos, como garantía de la continuidad de las tareas de limpieza y saneamiento.

Además, Picolotti brindó precisiones sobre las tareas que ya están en marcha y las previstas para las próximas etapas, y respondió algunos cuestionamientos que habían quedado pendientes de la audiencia de la víspera, en especial vinculado con informes críticos de los técnicos de la Universidad de Buenos Aires.

Las críticas también partieron desde organizaciones ambientalistas y de vecinos de la cuenca y del ombudsman, Eduardo Mondino, quien ayer aseguró que directamente "no hay plan".

La secretaria de Medio Ambiente rechazó que la calidad de vida de la población no fuera una prioridad del plan oficial, aunque reconoció que las medidas que se adoptan apuntan a que sea "lo menos doloroso posible el costo social".

En ese marco inscribió las clausuras de empresas contaminantes y la relocalización de otras firmas.

Después de unas tres horas de debate, la Corte dio por terminada la audiencia e inauguró un período de análisis y evaluación de la información recolectada.

El máximo tribunal podría convocar a una nueva audiencia en fecha a determinar para supervisar los avances del plan, o directamente pasar a resolver y emitir un fallo que podría ordenar a los estados comprometidos con la cuenca a realizar determinados trabajos para el saneamiento.