El fallo del tribunal de apelaciones alcanzó a Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Carlos Guillemo Suarez Mason hijo, entre otros, según el fallo.

A todos se les fijaron embargos de unos 200 millones de pesos cada uno, en la causa que abarca lo ocurrido a más de 400 víctimas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada.

Para la Cámara todos deben seguir presos al existir "serias presunciones" de que víctimas desaparecidas fueron asesinadas y aún hoy hay pruebas "ocultas" relativas al destino final de estas personas y de niños nacidos en cautiverio.

Por ello, ante la gravedad de los delitos imprescriptibles que se les endilgan y por el hecho de que sus víctimas fueron "perseguidos ideológicos", los jueces entendieron que hay "serio riesgo" de "eludir la justicia y obstruir la verdad" por parte de los detenidos si quedasen excarcelados.

Los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun confirmaron un fallo anterior del juez federal Sergio Torres y ahondaron en las razones por las cuales consideran que la treintena de represores debe seguir en la cárcel hasta el juicio oral en su contra.

Todos fueron procesados con prisión preventiva como partícipes necesarios de "imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos seguidos de muerte reiterados" cometidos en la ESMA.

En el caso de los detenidos que al momento de los hechos eran cuadros intermedios de la Marina, los camaristas descartaron todos los argumentos relativos a un eventual desconocimiento de lo que ocurría.

Todos prestaron "colaboración necesaria en el sometimiento a los tormentos aplicados a las víctimas en tanto prestaron funciones en la ESMA" desarrollando "tareas que no eran ajenas a esa situación", argumentaron en la resolución.

Estas actividades "se prolongaron en las condiciones inhumanas de alojamiento y en la constante sensación de temor que se les infligía" a las víctimas por parte de quienes "eran integrantes de la Jefatura de Inteligencia y del grupo de tareas 3.3.2".

"No sólo sabían" sino que "lejos de evitarlo participaron prestando ayuda necesaria al plan sistemático de cuyo cumplimiento intervinieron distintos estratos inferiores", encargados del funcionamiento del centro.

La Cámara también confirmó procesamientos de ex jerárquicos de la ESMA como Antonio Vañel y Julio Torti.

El objetivo fue "imponer el terror genrealizado a través de la tortura masiva y la eliminación física o desaparición forzada de miles de personas".

Las víctimas estuvieron "encapuchadas, sin higiene ni alimentos, hacinadas", en un cuadro de situación donde "no puede esgrimirse no haber oído los quejidos de los heridos y los gritos de quienes eran torturados".

Los miembros de cuadros intermedios de la Armada en la ESMA "no sólo no evitaron" lo ocurrido "sino que fomraron parte del mecanismo establecido".