Así lo confirmaron hoy fuentes tribunalicias, quienes señalaron que se trata de los ex jefes militares Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, Humberto José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespiti.

Los nombrados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en fecha a determinar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

La medida fue tomada en la denominada "causa jefes de área", desprendimiento de la "megacausa" en la que el magistrado investiga los hechos ocurridos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

Los represores, recordaron los informantes, "tuvieron bajo su control operacional la represión ilegal en la Ciudad de Buenos Aires" y se les imputan "las privaciones ilegales de la libertad y homicidios ocurridos en ese ámbito territorial entre 1976 y 1979".

"El juez tuvo por acreditado que los ex jefes militares ocuparon cargos jerárquicos dentro de la estructura del aparato de poder, a través del cual se perpetraron los hechos acaecidos en la 'subzona Capital Federal' y, en tales funciones, posibilitaron la realización de los hechos ocurridos en dicha jurisdicción", explicaron las fuentes.

En esta "megacausa" el magistrado dispuso hasta el momento el procesamiento de 62 imputados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería, Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal y a la SIDE, de los cuales 14 ya fueron elevados al TOF5 para la realización del juicio oral.

Los informantes recordaron que "en los pronunciamientos de mérito (procesamientos) dictados por el Tribunal se han tratado hasta el momento los casos de más de 800 víctimas del plan sistemático de represión instaurado por la última dictadura militar".

La elevación a juicio oral de estos cuatro represores se da tras el aval que dio la Cámara Federal al requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Federico Delgado que Saa, ex jefe del regimiento de Patricios durante la dictadura, había intentado que se declarase nulo mediante un planteo que fue desestimado por el tribunal de apelaciones.

Saa objetó el dictamen fiscal, pero los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah fueron concluyentes al afirmar que "queda claro que el acusado debe defenderse de la acusación de los delitos cometidos en el Area II por haber sido el jefe del Regimiento de Patricios y responsable de dicha jurisdicción del plan sistemático de represión".

Los magistrados añadieron que "no se advierte vicio alguno en la descripción del suceso, pues permite conocer acabadamente la imputación necesaria para ejercer una adecuada defensa en juicio" y enfatizaron que las demás cuestiones (por ejemplo acerca de si tenía, o no, "funciones vinculadas con la lucha contra la subversión") deberán ser debatidas en el proceso oral.

"Una característica del sistema ilegal era, precisamente, procurar, desde su génesis, lograr la impunidad de sus integrantes -fundamento entre otros, de los tabicamienos de los detenidos y de la utilización de apodos por parte de los represores-, por lo que no puede esperarse que durante la instrucción se arribe a un conocimiento certero de la posición que cada uno ocupaba dentro de la cadena de mandos", dijeron los camaristas.

Por ello concluyeron que "en la medida que durante la instrucción se alcance el grado de probabilidad de la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del imputado, resulta suficiente para el paso a la siguiente etapa", echando por tierra con la aspiración del represor para evitar el juicio oral.