Así se desprende de una iniciativa de la consejera y diputada kirchnerista Diana Conti, quien elaboró un proyecto de resolución.

Este advierte que "salvo en circunstancias extremadamente excepcionales y debidamente acreditadas con anterioridad al momento de interposición de la denuncia, el Consejo procederá a aplicar a todos los magistrados que incurran en retardos la sanción disciplinaria correspondiente o, si la gravedad del caso lo ameritase, a solicitar la apertura de un jurado de enjuiciamiento".

La advertencia fue interpretada a la luz de la polémica que tiempo atrás enfrentó al gobierno del presidente Néstor Kirchner -quien públicamente se quejó por las demoras en causas por delitos de lesa humanidad- con el camarista Alfredo Bisordi, quien anunció que antes de fin de año se jubilará.

El consejo prepara un dictamen posiblemente acusatorio, que determinará la destitución del magistrado en caso de que antes no renuncie al cargo.

"Es un objetivo primordial del Estado Nacional proveer todo lo necesario para el afianzamiento de la Justicia, tal como lo establece el mismo preámbulo de la Constitución Nacional. Para ello es necesario que el Poder Judicial imparta Justicia en forma eficiente y rápida, con el debido tiempo para razonar sus fallos, pero con la premisa de que una justicia lenta no es justicia", explicó Conti en los considerandos del proyecto.

La diputada destacó que las causas deben resolverse en "un plazo razonable", no obstante lo cual "existe una cantidad importante de presentaciones contra magistrados que se deben a la demora en el trámite de actuaciones judiciales, en grave afectación de los principios constitucionales expuestos".

Conti entendió las razones de "colapso generalizado de la Justicia, sobrecarga de trabajo y cúmulo de expedientes", pero subrayó que "esta situación no puede continuar prolongándose" pues "en la práctica, implica que el Estado Nacional no cumple con el objetivo de afianzar la Justicia y no garantiza a los ciudadanos un derecho constitucional básico".

"El retraso es hoy la deficiencia más grave del sistema, y por tanto, este Consejo de la Magistratura se ve en la obligación de implementar una política tendiente a que se cumplan los plazos, colaborando con los magistrados que hagan saber situaciones de necesidad y corrigiendo a los que no impartan Justicia en plazos razonables", reconoce la iniciativa.

"Frente a estas circunstancias, es necesario hacer saber a todos los magistrados que deberán poner en conocimiento de este Cuerpo los motivos por los cuales no puedan cumplir con la garantía constitucional del plazo razonable"; caso contrario, cuando registraren retrasos o acumulación de causas, serán pasibles de sanciones.

El proyecto de Conti figura en el punto 23 de la orden del día del próximo plenario del Consejo de la Magistratura, previsto para el 9 de agosto próximo.