Una decena de personas reclamaron "justicia y reconocimiento" en las puertas de la Audiencia Nacional de Madrid al juez Baltasar Garzón, para que no se archive las ocho denuncias presentadas por diversos casos.

La Fiscalía argumentó que los delitos prescribieron por la Ley de amnistía de 1977, por lo que las causas se deberían por dar como cerradas.

Los denunciantes sostienen que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al derecho internacional", según un comunicado.

A su juicio, el Estado tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo soliciten sus familiares".

Cerca de un centenar de fosas comunes fueron abiertas desde el año 2000 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tarea que realiza sin ayudas estatales.