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En la cuarta jornada de debate, el abogado Juan Carlos Quesada, quien representa a la viuda y al padre del fallecido copiloto Luis Etcheverry notificó al Tribunal su desistimiento de la querella justo el día en que estaba previsto que se leyeran los requerimientos de elevación a juicio de los tres grupos de querellas. Fuentes allegadas a la familia de Etcheverry confirmaron que el desistimiento se debió a que la viuda Nora Nouche y el padre de la víctima, Antonio Etcheverry, arribaron a un arreglo económico con las empresas aseguradoras de la empresa LAPA. De hecho los trascendidos hablaban de una importante suma que según las versiones rondaría los "300 mil dólares", pero ese dato no fue confirmado oficialmente por el "pacto de confidencialidad" que impedía dar a conocer públicamente detalles del arreglo económico. En el Código Civil existe una figura que obliga a las partes a abandonar la acción penal una vez que se aceptó realizar un acuerdo económico con la parte demandada. Según explicaron los voceros, la decisión de aceptar el ofrecimiento económico se debió a estrictos "motivos personales" de la familia y a un intento "de descargar la responsabilidad acusatoria en las espaldas del fiscal y el resto de las querellas". La decisión de abandonar el juicio causó malestar en los restantes querellantes, que no vieron con buenos ojos que a esta altura del debate una de las partes abandone el proceso. Durante la jornada del juicio el tribunal leyó los dictámenes acusatorios de las dos querellas unificadas que aún quedan en pie: la que representa a la Asociación Civil de Víctimas Aéreas y la que agrupa a un número menor de querellantes individuales, en su mayoría familiares de muertos del vuelo 3142. Los dos grupos coincidieron en cuestionar el desempeño de la empresa, su falta de recaudos a nivel seguridad y la "falta de idoneidad" del piloto y su copiloto. En su escrito de acusación, la querella que representa a la Asociación de Victimas consideró que el fallecido piloto Gustavo Weigel "no estaba capacitado" para volar la aeronave puesto que había fallado en las pruebas de idoneidad que se le realizaron y recibió numerosas observaciones de sus instructores de vuelo. Fueron justamente esas llamadas de atención y esos errores los que -según los damnificados- "se vieron reflejados y se repitieron al momento del accidente". Entre otras irregularidades mencionaron que el piloto había demostrado "lentitud" en su capacidad de reacción cuando era evaluado en momentos críticos sobre el simulador de vuelo y que demostró "inseguridad en los procedimientos de cabina". Casi todos los acusadores coincidieron en su pedido para que los ocho imputados -6 ex directivos de LAPA y dos ex jefes de Fuerza Aérea- sean condenados por el delito de estrago doloso, que prevé una pena de hasta 25 años de prisión. Sólo el fiscal Carlos Rívolo y la querella de dos familiares de víctimas llegaron a juicio con la acusación por el delito culposo, que contempla una pena mucho menor. Al terminar con la lectura de los requerimiento de elevación a juicio el tribunal oral pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 11, cuando las defensas de los acusados podrán plantear sus nulidades y los imputados comenzarán a ser indagados por el Tribunal. En el banquillo se encuentran el ex titular de LAPA, Gustavo Deustche, el ex director General, Ronaldo Boyd, los ex gerentes de Operaciones, Valerio Diehl y Fabián Chionetti, el ex jefe de línea 737-00 Gabriel Borsani y la ex gerente de Recursos Humanos, Nora Arzeno. Por parte de la Fuerza Aérea son juzgados los comodoros Damián Peterson y Diego Lentino, ex director de Habilitaciones de la Fuerza Aérea y ex responsable de Medicina Aeronáutica y Espacial, respectivamente. La tragedia de LAPA sucedió la noche del 31 de agosto de 1999, cuando un avión de la compañía que debía partir a Córdoba no llegó a despegar y chocó contra un terraplén de la Costanera, dejando un saldo de 65 muertos.