De los 23 testigos que fueron ofrecidos para deponer durante el debate oral, que tendrá lugar en febrero de 2011, 13 fueron propuestos por la Fiscalía General de la Provincia, que impulsa la acusación; y diez por la defensa de Santi.

El proceso contra Santi se inició luego de que el Ministerio de Defensa de la Nación dio a publicidad una serie de archivos desclasificados en los que figuraban unas 4.300 personas que, durante la dictadura militar, se habían desempeñado como informantes del Ejército en todo el país.

Del total de informantes, unos 150 pertenecían al Batallón 141 de Comunicaciones del Ejército y, entre ellos, figuraba el nombre de Santi, quien, en forma paralela, de acuerdo con la información difundida, habría conjugado sus funciones en el Poder Judicial cordobés con las del Ejército.

Al jury de enjuiciamiento cordobés lo integran un representante del Tribunal Superior de Justicia, que lo preside, además de cuatro legisladores, dos por el oficialismo y dos por la oposición.