"Lo que está reclamando el Estado es el incumplimiento de un compromiso de muchísimos años", subrayó Julián Domínguez, quien explicó que con esa medida "no hay expropiación, sino un contrato incumplido porque no se pagaron los compromisos que tenía la entidad.

El legislador sostuvo que "una segunda razón para tomar esa medida, además del incumplimiento del compromiso, es la naturaleza del precio que se abonó", 30 millones de pesos cuando, según el Tribunal de Tasación, el valor era el doble. "En base a eso, este reclamo no tiene sentido", concluyó.