Casación entendió que "la supuesta legitimación alegada por el impugnante (la UIF) se sustenta en la posible comisión del delito de lavado de activos, norma sancionada en el año 2011, cuando los hechos investigados habrían tenido lugar durante el transcurso de 1976 y 1977".

En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la viuda de quien era propietario de la empresa, David Graiver, Lidia Papaleo y el exvicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover.

Ayer, el juez federal Julián Ercolini no hizo lugar a un pedido fiscal para citar a declaración indagatoria en la causa a directivos de los diarios Clarin y La Nación imputados.