Eduardo Guarna fundamentó su pedido en la falta de una política estatal sobre el tema y en la diversidad de jurisdicciones involucradas que impiden una adecuada coordinación de esfuerzos y recursos.

El letrado propuso que el alto tribunal, además, "ponga en marcha los recursos propios para generar un Consejo Nacional Permanente Vial que auxilie a cada jurisdicción en la implementación de políticas de prevención y asistencia en materia vial" y arbitre mecanismos de control para el transporte público de pasajeros, de carga y vehículos particulares.

Guarna destacó que la asociación civil "Luchemos por la vida" informó que "durante el año 2005 fallecieron en accidentes viales 7.318 personas, con un promedio de veinte por día y en los primeros ocho meses del presente año, los muertos ascienden a 4.782".

"Esto deriva en un importante costo que va en desmedro de los fondos destinados a la salud pública, que debe cubrir estas contingencias derivando recursos a las víctimas con la consiguiente limitación en la atención de otras patologías que afectan a la población", añadió.

"Los costos de las indemnizaciones se trasladan en la mayor parte a las compañías de seguros, pero con respecto a aquellas víctimas que quedan con discapacidades, es el Estado el que termina afrontando... el precio de la imprudencia, impericia o negligencia de los conductores", destacó el letrado.

Guarna recordó informes periodísticos según los cuales la falta de respeto por las horas reglamentarias de trabajo de los transportistas de carga causan estragos en las rutas, "muchas veces con choferes alcoholizados o agotados por largas jornadas".

El abogado justificó su presentación ante la Corte, en que "la intervención de este Superior Tribunal en cuestiones de alto impacto social, como recientemente la limpieza de Riachuelo, ha marcado una tendencia a avocarse a temas de vital importancia para la ciudadanía toda".

En el escrito se señala que "la defensa de la vida y los derechos humanos...amerita la intervención del Estado Nacional en la promulgación de políticas de estado, sustentadas en el tiempo, para ir reduciendo las consecuencias derivadas de este fatal número de muertos y accidentados".

"Ante la falta de respuestas inmediatas y severas al respecto, es que se realiza el pedido que antecede solicitando a este Excelentísimo Tribunal la avocación de la problemática planteada, a fin de que se declare la emergencia nacional vial y se emplace al Ejecutivo Nacional para que elabore a la brevedad un plan de seguridad vial a nivel nacional y provincial", concluyó.

Fuente: Télam.