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Después de las consultas a representantes académicos y otros sectores sociales realizadas en el Congreso, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados elaboró una síntesis con los puntos de consenso para elaborar un proyecto de ley nacional de Educación Superior (LeNES), que reemplazaría a la norma sancionada por el menemismo. Entre los acuerdos figuran la responsabilidad del Estado en el financiamiento de las universidades públicas y la declaración de “la educación y el conocimiento” como “bienes públicos”, es decir que no pueden ser mercantilizados.

La ley que aún rige el sistema universitario (LES) es rechazada por gran parte de la comunidad educativa desde que se sancionó, en 1995. Caracterizada como la última “ley menemista” en materia educativa, la gestión kirchnerista viene anunciando desde el año pasado el propósito de derogarla y reemplazarla.

Tras el cimbronazo que fueron las sesiones donde se trataron las retenciones móviles, los diputados retoman de a poco la agenda anterior al conflicto. Así, la Comisión de Educación, presidida por Adriana Puiggrós (FpV), acopió las coincidencias resultantes de la ronda de consultas con más de 60 sectores diferentes de la sociedad, desde universitarios (docentes, alumnos, rectores) hasta movimientos sociales, entidades del sector productivo, funcionarios y legisladores.

Según fuentes consultadas por este diario, las divergencias en cuanto a la LeNES pasan por la pretensión de algunos sectores –en general, vinculados con el radicalismo– de que sea una ley sólo universitaria, que no contemple –como sí hace la actual– a los institutos terciarios. Mientras, el mayor consenso parece radicar en que la ley “sea lo más abarcativa posible”, pero que no sea “reglamentarista”, es decir, que deje un margen de libertad para que las instituciones puedan hilar fino con sus propios estatutos.

Otro aspecto sin acuerdo que surge de la ronda de consultas radica en el cogobierno de las universidades. La posición de los estudiantes empuja una mayor representación para ellos, argumentando que creció la población estudiantil en los últimos años. Existe otro punto discordante de orden gremial docente: los profesores proponen que la carrera docente tenga un mayor grado de estabilidad a través de una estructura que permita la permanencia con instancias de evaluación. El sector radical cree que con los concursos se garantiza la transparencia y la calidad docente.

Algunos de los puntos con mayor consenso son los siguientes:

- Financiamiento estatal: “La centralidad del Estado en la garantía del financiamiento para el conjunto de la educación superior, en la provisión de sus recursos indispensables –con especial énfasis en la infraestructura edilicia y los materiales didácticos vinculados a las nuevas tecnologías–, en la orientación de políticas de calidad y excelencia”, así como “la necesidad de incrementar el aporte privado para la docencia y la investigación”. La complementación entre las instituciones estatales y privadas debe respetar “la especificidad de cada sector, es decir que no se privaticen los espacios públicos y que al mismo tiempo se respete a los privados, en el marco de la Constitución y la Ley de Educación Nacional; y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales”.

- Bienes públicos: La educación y el conocimiento “son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales; no pueden ser servicios lucrativos o estar sujetos a cualquier forma de mercantilización”.

- Autonomía y autarquía: “La defensa de la autonomía y la autarquía se visualiza como compatible con las concepciones modernas e integrales del Estado; la autonomía y la autarquía deben ser ejercidas de manera responsable, primando el interés común y rechazando la ‘autonomía de mercado’.”

- Articulación: “El sistema de educación superior debe integrarse estructuralmente a la producción, a la investigación científica, la tecnológica y de innovación productiva, así como al conjunto de los niveles y modalidades educativas. Para ello debe articular la docencia con las investigaciones y desarrollos tecnológicos y productivos vinculados con prioridades del desarrollo nacional.”

- Revalorización docente: “Garantizar el acceso por concurso a los cargos docentes en todas las universidades e instituciones de educación superior; establecer una carrera docente vinculada con la formación, capacitación, actualización y evaluación permanente; e impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la innovación en pedagogía de la educación superior para mejorar los procesos de enseñanza.”

- Bienestar estudiantil: “El Estado debe garantizar niveles adecuados de bienestar estudiantil para lograr una mejora fuerte de la permanencia y egreso con graduación de los estudiantes; más becas y mejor distribuidas; una pedagogía para la educación superior que permita abordar con profundidad el tema de la docencia para superar el fracaso estudiantil en el nivel”.