La amplitud del respaldo popular obtenido por Evo Morales y la más reciente asunción del ex obispo Lugo, que llega a la presidencia del Paraguay transgrediendo una larga tradición de gobiernos al servicio de minorías privilegiadas, constituyen una señal inequívoca de que los vientos de cambio siguen soplando en gran parte de nuestro continente.

Aun a pesar de que la sensación térmica local, sobre todo después de la derrota legislativa que epilogó el conflicto con los empresarios del agro, indique lo contrario. Sin embargo, la realidad no es lineal y no se deja encasillar en la lógica cuadriculada de los analistas que empiezan a hablar del principio del fin del espejismo populista. Por supuesto, la épica mediática del triunfo de la Mesa de Enlace y el hecho objetivo de que emerge tras este largo conflicto un gobierno desgastado y debilitado por las deserciones internas, alimenta las fantasías de los que hoy ven factible un retorno más rápido de lo previsto a lo que ellos denominan el mundo real. Es decir, a la ortodoxia en materia económica y al eje del bien que pondría a la Argentina en sintonía con Colombia y México, tal como propugnan los nostálgicos de las relaciones carnales con Washington.

Esa contradicción entre la reactivación de la derecha en varios puntos del continente y la persistencia al mismo tiempo de procesos sostenidos por la movilización popular, la explica Emir Sader diciendo que América latina se ha convertido en el escenario de la lucha entre lo viejo que trata de sobrevivir y lo nuevo que encuentra dificultades para abrirse paso. De ahí las turbulencias y la inestabilidad política que, con mayor o menor intensidad, es común a todos estos países en los que los sectores dominantes constituidos por los grupos empresarios vinculados con la inversión extranjera, la agroexportación, las finanzas y los partidos que tradicionalmente los han expresado, ya no tienen la capacidad de imponer sus propios intereses como políticas de Estado. Ese papel lo han terminado asumiendo (aquí y en los otros países donde se transgredió la gobernabilidad hegemónica) los grandes medios de comunicación masiva, devenidos en verdaderas fábricas de consenso.

Sin embargo, resultan imprescindibles otros comentarios para no dejarse llevar por el voluntarismo de creer que los que impulsan cambios están todos de un lado y los que se oponen, todos del otro. En primer lugar, hay que decir que esa tensión entre lo viejo que pugna por permanecer y lo nuevo que no termina de definirse se dio desde el vamos dentro del Gobierno y dentro del propio kirchnerismo. Es más, se acentuó a partir del momento en que las alianzas con los distintos sectores del aparato tradicional del justicialismo fueron diluyendo la potencialidad de una nueva construcción política y social que expresara los avances transgresores de muchas de las acciones del Gobierno. Y pisarles los callos a los factores de poder, sin propiciar la organización y participación de los sectores populares, es como desafiar a la IV Flota con la Armada Brancaleone. La inconsistencia de esas alianzas y, en algunos casos, los anacronismos que éstas suponían terminaron desnudando sus flaquezas, a medida que se acabó el triunfalismo y el conflicto con los grupos empresarios del sector rural fue desafiando los límites que gente comprometida con la lógica del mercado no está dispuesta a transgredir.

Sólo una severa miopía política puede dar cuenta de esa incapacidad de entender la etapa histórica que vivimos en América latina. Más grave aún, cuando asistimos al enérgico reposicionamiento de los bloques dominantes que empiezan a erosionar, utilizando a su favor legítimas demandas y expectativas insatifechas de los sectores populares, a los que ellos mismos se encargaron de hundir en la miseria a lo largo de décadas de capitalismo salvaje y consenso de Washington.

Es evidente que el eslabón más débil en esa cadena de gobiernos bajo presión que intentan desalinearse del bilateralismo desigual que pretende imponer el Departamento de Estado es, después de la derrota, el de la Argentina. Ha quedado con las defensas bajas, con la derecha económica y política olfateando aires de restauración y con una agenda social más que inconclusa. En estas condiciones sólo puede recomponerse retomando la iniciativa con una batería de políticas públicas que garanticen más democracia y más distribución de la riqueza, tal como lo afirmamos en el texto que suscribimos varios referentes políticos y sociales junto al espacio de Carta Abierta.

Para ello se debe legitimar el discurso distributivo al que se apeló a lo largo del conflicto, con medidas que construyan la plataforma de un nuevo contrato social que tenga como eje convocante terminar con la desigualdad, tomando como prioridad a los más vulnerables, los niños y los ancianos. En ese orden, la extensión del Subsidio por Hijo para que lo puedan cobrar todos los trabajadores no registrados y los desocupados, acompañado de la sanción de una verdadera Ley de Movilidad Jubilatoria que signifique una solución real para la actualización de los haberes de los jubilados deberían ser el punto de partida de una nueva etapa que expanda la base de sustento social del Gobierno, antes de que nuevas embestidas de los sectores del agro y del poder económico terminen de imponer políticas regresivas.

Sobre el resto de las medidas, tampoco hay que inventar mucho. Avanzar en los cambios que garanticen la simetría de derechos y libertades sindicales para los trabajadores de organizaciones sin personería gremial. Solucionar definitivamente el conflicto en el Indec. Poner en debate en la sociedad y en el Congreso la Ley de Radiodifusión, que garantice la democratización de la información y el acceso a ella como bien social. Reestatizar con control de los gremios que representan a los trabajadores y usuarios la línea aérea de bandera. Poner en la agenda legislativa el tema de una nueva ley de salud. La lista de propuestas es, punto más punto menos, lo que ya hemos reclamado otras veces. Lo que ya no es lo mismo es la necesidad impostergable de que se empiecen a concretar.

* Secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).