Hoy, a las 10, en la sala de audiencias donde fueron juzgados los ex comandantes en jefe de la dictadura militar, se pondrá en marcha el juicio por la tragedia de Cromañón. Gran parte del tiempo de esta primera jornada se utilizará para leer la elevación a juicio, o sea el escrito que hizo la jueza de instrucción María Angélica Crotto, en el que se resumen los elementos y las acusaciones del caso. Es muy probable que la lectura abarque toda la jornada de hoy y la del viernes próximo –únicos días de esta semana en que se desarrollará el juicio–; luego seguirá la acusación del fiscal Jorge López Lecube, por lo que se escucharían los primeros testigos recién el lunes, miércoles o viernes –días que serán los habituales para las audiencias– de la semana próxima. Respecto de los imputados –que estarán separados del público por un vidrio reforzado– parece cantado que ninguno va a declarar al principio del proceso. Tal vez lo hagan al final o en algún momento en el que especialmente quieran aclarar un tema.

Está previsto que el juicio de Cromañón insuma unos siete meses, aunque la experiencia indica que muchos testigos terminan siendo desistidos, sobre todo cuando se considera que van a reiterar cuestiones ya probadas. Aun así, es muy probable que el proceso se extienda más allá de fin de año y el fallo de los jueces Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero sea leído en los primeros meses de 2009.

El Tribunal Oral Criminal 24 (TOC 24) exhibió dureza en una causa colateral a Cromañón, instruida contra jefes de la División Bomberos de la Policía Federal, a quienes se acusó de cobrar coimas a boliches a cambio de darles habilitaciones que no correspondían. En ese proceso, los jueces que hoy encabezarán las audiencias condenaron al ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Federal Alberto Corbellini; al oficial principal de bomberos Marcelo Nodar, y al empresario Rubén Fuerte, a cuatro años de prisión, mientras que el cabo Marcelo Esmok recibió 2 años y medio, y el empresario Luis Perucca, 2 años y 9 meses. La pena máxima por cohecho es de seis años.

Una evaluación hecha por la mayoría de los protagonistas, jueces y juristas consultados por PáginaI12 y adelantada en la edición del domingo, indica que éstos son los pronósticos para los principales imputados:

- Omar Chabán: es difícil que sea condenado por un delito doloso, o sea intencional, pero es probable que le impongan una pena cercana al máximo de cinco años por el incendio culposo del boliche. Se le achacaría un actuar negligente e irresponsable que produjo el incendio y las muertes. A eso se agregaría una casi segura condena por la coima a los policías de la Comisaría 7ª, que supuestamente permitían el ingreso de espectadores mucho más allá de lo contemplado en la habilitación. Una puerta gigantesca cerrada con candado, la falta de reacción ante un incendio que ya se había producido el día anterior y el exceso de espectadores serán los principales elementos contra Chabán.

- Callejeros: también será difícil que los condenen por estrago doloso, o con dolo eventual (es decir que sabían que podría ocurrir un incendio pero de todas maneras continuaron con el recital). La lógica es que les imputen culpa, en especial por incentivar el uso de bengalas, haber coorganizado el recital y hacer el recital en Cromañón porque sabían que el control de las bengalas sería escaso. Es muy probable que al manager, Diego Argañaraz, también lo condenen por las coimas a los policías. De todas maneras, una de las grandes dudas es si a alguno de los músicos o al representante le van a imponer penas efectivas de prisión.

- Los policías: el jefe y subjefe de la Comisaría 7ª están acusados por cobrar coimas: cien pesos por cada 500 espectadores. A través de ese dinero, supuestamente se permitía el ingreso de más gente de la avalada por la habilitación. Todo indica que serán condenados. La prueba fundamental en contra de ellos son las anotaciones en las que constan las cifras que se les pagaban. Además, una testigo, Ana Sandoval, que trabajaba en Cromañón, describió el mecanismo con pelos y señales. Sandoval murió a principios de agosto, pero su testimonio será introducido por lectura.

- Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad: serán uno de los centros del juicio. Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal; Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control, y Ana María Fernández, segunda de Torres, están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito más bien leve, pero las querellas pondrán toda su energía en imputarles delitos más graves, incluyendo el homicidio culposo. Hasta ahora, los jueces que actuaron en el caso hicieron mucho más hincapié en los que manejaron las cosas aquella noche y las principales acusaciones están referidas a la puerta cerrada, el exceso de gente, las bengalas, pero habrá que ver cómo se desarrolla el juicio respecto de los funcionarios. Es una de las grandes incógnitas.

Como anticipó en exclusiva PáginaI12 el domingo, el TOC 24 le prohibió la entrada a Nora Bonomini, madre de una de las víctimas, que –según el acta que se hizo el viernes– amenazó a los funcionarios judiciales. El Tribunal les dijo a todas las partes que ante cualquier incidente suspenderá el juicio.