A los conflictos salariales, se sumó otra inquietud entre los docentes universitarios. El proyecto de movilidad jubilatoria que el Gobierno envió al Congreso viene demorando el tratamiento de otro proyecto –ya con media sanción– que apuntaba a recuperar el régimen jubilatorio especial para la gran mayoría de los profesores de universidades. Con matices, las tres federaciones docentes –Conadu, Conadu Histórica y Fedun– plantean la necesidad de “preservar la movilidad” prevista por los regímenes especiales para los maestros y los investigadores. Esas modalidades destinan un haber del 82 y el 85 por ciento móvil, respectivamente. Los profesores universitarios con dedicación exclusiva entran en la categoría de investigadores –por ley 22.929–, pero quienes poseen otras dedicaciones –el 80 por ciento de la planta– quedan afuera.

El Senado ya aprobó un proyecto presentado por Daniel Filmus para que los docentes con designaciones simples y semiexclusivas sean incorporados en el régimen del 82 por ciento –la ley 24.016–. “Ese proyecto tiene un año para sostener su estado parlamentario. Pasaron tres meses para constituir la comisión, después vino la discusión por las retenciones móviles que se llevaron cuatro meses más y ahora aparece el proyecto de movilidad. No queremos que se caiga el proyecto, sino que sea aprobado rápidamente”, pidió Pedro Sanllorenti, de Conadu. Las otros dos federaciones gremiales no apoyan ese proyecto de ley.

Para la Conadu Histórica, el ojo está puesto “en mantener la movilidad docente tal y como indican las leyes vigentes. El Estado argentino es el único en el mundo que cumple las leyes por la mitad: en el caso de los docentes de colegios preuniversitarios, nos reconocen el 82 por ciento como indica la ley, pero desconocen la movilidad directa que también dispone la norma y que cuenta con fallos de la Corte Suprema reconociéndolos”, afirmó Sergio Zaninelli. A esto se suma que en la movilidad propuesta por el Gobierno “sólo incluye a los regímenes especiales de docentes e investigadores. Los diplomáticos y los judiciales quedan fuera de este nuevo método y no vemos por qué discriminan”, agregó.

En realidad, si bien todavía no se plasmó en el dictamen, el compromiso político anunciado por el bloque del oficialismo es preservar los regímenes especiales. Es decir, excluirlos de la nueva ley. En ese contexto, los sindicalistas exijen garantías de que no serán incluidos en el proyecto general.

Si no se hace esa modificación, el proyecto de movilidad que hoy se trata en el Congreso “atenta contra la jubilación de los docentes”, consideró Daniel Ricci, titular de Fedun. A la Conadu, el tema la llevó a una paradoja. “Es muy bueno que aparezca la movilidad nuevamente, pero los docentes gozan de un derecho adquirido y ahora queremos que nos excluyan del proyecto de movilidad y que nos incluyan en el régimen de jubilación especial”, dijo Sanllorenti, en el mismo sentido. “En el sistema universitario hay entre 100 y 110 mil docentes en actividad. De ellos, 20 mil se encuentran comprendidos en los regímenes de jubilaciones especiales (investigadores y preuniversitarios) y el resto estamos a la espera para ser tratados por la misma ley.”

Los docentes advierten que, en caso de promulgarse la ley como figura actualmente, sin el cambio comprometido por el PJ, los profesores “iniciarían causas en la Justicia para que se les reconozca el aumento jubilatorio con la movilidad directa”, estimó Sanllorenti. Zaninelli fue más allá y consideró que se podría provocar “la incentivación de la industria del juicio”. El gremialista también avisó que podría haber medidas de fuerza: “Si se mantiene el proyecto tal cual está, generará medidas concretas que ya se están evaluando, como la instalación de una carpa frente a la Anses”.