El viernes pasado el gobernador mendocino Celso Jaque anunció un “Acuerdo Social por la Seguridad” con un clásico repertorio de mano dura, una declaración de guerra a la delincuencia (“son nuestros enemigos”) y una amenaza de echar a los funcionarios que no cumplan con sus directivas. Para el armado del “pacto” hizo una convocatoria política en la que incluyó a su ex secretario de Seguridad Carlos Rico Tejeiro, empujado a renunciar en abril tras las denuncias de organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura. Pero el convite de Jaque no llegó a sus funcionarios de derechos humanos, que habían presentado informes que objetaban las medidas en ciernes y que ayer optaron por dejar sus cargos en masa. Explicaron que no comparten “la doctrina” en danza y pronosticaron que sólo alimentará “una mayor escalada de violencia”.

Los funcionarios que se van son el subsecretario de Derechos Humanos, Diego Lavado; el coordinador de Derechos Humanos, Alfredo Guevara, y la titular del Instituto de la Mujer, Mariana Hellín. También se alejará en forma definitiva el abogado Pablo Salinas, que había dejado su lugar a Guevara, pero seguía colaborando con la gestión. Todos militan en el Polo Social asumieron con Jaque, quien ganó en diciembre con apoyo kirchnerista. “No podemos compartir la doctrina que intenta justificar algunas de las acciones que se proponen”, sostuvieron en un breve escrito de renuncia. Aludían a dos de las medidas anunciadas: la restricción de las excarcelaciones y la intención de reducir la edad de imputabilidad de los menores (no se precisó a cuánto), un clásico entre los reclamos de Juan Carlos Blumberg a nivel nacional.

“Discrepamos con este discurso según el cual los problemas de la violencia y la seguridad tienen que ver con ‘excesivos’ derechos y garantías que consagran la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. Hay un mensaje de que estamos en una guerra y en las guerras no hay derechos, ni tampoco políticas activas frente a lo que es un problema estructural. Creemos que esto va a derivar en una escalada de violencia”, sostuvo Guevara en diálogo con PáginaI12. “En Mendoza la violencia y la inseguridad son temas de gran importancia para la gente, que han estado muy instalados por varios episodios. Pero esto no se arregla limitando las excarcelaciones o bajando la edad de imputabilidad. Nosotros lo mostramos en un informe, que también se refiere a la grave situación penitenciaria en nuestra provincia. El gobernador lanzó un plan de seguridad, convocó a sectores políticos, pero no a nosotros, ni a los organismos de derechos humanos”, añadió.

Según Salinas “con detenciones a más personas por delitos leves lo único que se consigue es más inseguridad”. “Están un tiempo en la cárcel, ahí hacen un posgrado –ironiza– y cuando salen cometen mayores delitos. Es decir, lo único que se logra es institucionalizar el delito y empeorar la grave situación de las cárceles mendocinas, que es tema en la Corte Interamericana”. Guevara recordó que “el año pasado, durante el gobierno de (Julio) Cobos, hubo un intento similar que logramos frenar junto con el CELS”.

Más allá de las medidas, cada frase que eligió el gobernador Jaque el viernes para presentar el “Acuerdo Social por la Seguridad” fue elocuente. “Ustedes son nuestros enemigos y los vamos a buscar día y noche, donde vayan y donde estén. A ustedes y a sus cómplices”, se dirigió a un público de hipotéticos delincuentes. “Yo creo firmemente en los derechos humanos –afirmó– pero el primer derecho humano es la vida”. También dijo que “no acepta” la dicotomía mano dura, mano blanda”. “En esta tarea se va a actuar con mano firme, sin tibiezas, sin vacilaciones, con la ley en la mano y con la convicción de aplicarla”. Y anunció que expulsará a los funcionarios que no cumplan sus órdenes.

Los primeros indicios de esta lógica se remontan a las primeras designaciones de Jaque en su gabinete: como ministro de Seguridad puso a Juan Carlos Aguinaga, un penalista que fue candidato a vicegobernador del conservador Partido Demócrata. Aguinaga designó como su subsecretario al ex comisario Rico Tejeiro, quien abrió camino a un grupo de policías formados con el jefe de la policía de Mendoza de la dictadura, Julio César Santuccione. Rico Tejeiro, entrenado como comando con el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, fue denunciado por su actuación en el terrorismo de Estado y reconocido –por ejemplo– por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía local.

Aguinaga y Rico tuvieron que renunciar en abril tras fuertes advertencias del gobierno de Cristina Kirchner. El viernes, sin embargo, estaban entre el público que alentaba el Acuerdo por la Seguridad de Jaque, al igual que otro demócrata, Omar De Marchi, quien suele tratar a los abogados de derechos humanos como defensores “de los delincuentes”. El gobernador los había invitado porque espera su colaboración.